Ha transcurrido más de una semana desde que las catastróficas inundaciones repentinas segaran la vida de centenares de personas y dejaran miles en paradero desconocido a lo largo de la frontera sino-nepalesa, y prácticamente nada se sabe acerca de las víctimas del lado chino.

La catástrofe, que ha segado la vida de más de un millar de personas y ha dejado más de 4.500 desaparecidos en ambas naciones, ha vuelto a evidenciar el férreo control que China ejerce sobre la información relativa a los desastres, así como su empeño en regular qué se divulga y qué se silencia al respecto.

La cifra de víctimas mortales únicamente se actualiza con una periodicidad de varios días, y el acceso al epicentro de la catástrofe se ha restringido exclusivamente a los medios de comunicación estatales de mayor rango jerárquico, los cuales han eludido sistemáticamente la divulgación de los nombres o semblantes de los desaparecidos y de sus allegados, optando en su lugar por la difusión de material audiovisual centrado en los pormenores logísticos del despliegue humanitario o en la labor incansable de los canes de rescate.

Entretanto, no menos de una decena de individuos a lo largo y ancho de la geografía china han sido objeto de detención o sanción pecuniaria a raíz de publicaciones vertidas en redes sociales que osaban poner en tela de juicio determinados aspectos del relato oficial.

Este marcado contraste se contrapone de manera tajante a la realidad del lado nepalí de la frontera, donde las autoridades han procedido a actualizar de forma sistemática los registros de víctimas mortales y desaparecidos, al tiempo que periodistas y publicaciones en redes sociales han ido documentando minuciosamente el desastre en plena evolución, así como las subsiguientes labores de recuperación.

Las familias enlutadas emergieron del anonimato, corporizando y articulando la ausencia de quienes perecieron, mientras la colectividad se entregaba a exequias de índole simbólica o se aventuraba en peregrinaciones propias en pos de sus allegados desaparecidos.

Tras una actualización efectuada el domingo, la República Popular China no divulgó nuevos datos hasta el miércoles, jornada en la que comunicó que 21 personas habían perecido y 541 permanecían en paradero desconocido en el Tíbet, incluyéndose entre ellas 261 extranjeros procedentes de 23 países.

El viernes por la noche, las autoridades elevaron el balance de víctimas mortales a 31 y señalaron que 531 individuos continuaban sin ser localizados.

El Gobierno de Nepal ha difundido de manera ininterrumpida comunicados pormenorizados sobre las operaciones de rescate, incluida la habilitación de un portal digital que consigna los nombres de los supervivientes.

Las fuerzas armadas han divulgado material gráfico de evacuaciones aerotransportadas y de individuos extraídos de los conductos de las centrales hidroeléctricas, cubiertos por completo de una capa de lodo.

Nepal ha venido difundiendo, con una cadencia casi cotidiana, pormenores sobre los individuos rescatados, al tiempo que ha facultado a corresponsales, tanto autóctonos como foráneos, para que desplieguen su labor informativa desde el propio epicentro de los acontecimientos.

Los periodistas han logrado acceder a las zonas devastadas por la catástrofe.

Si bien el gobierno nepalí impuso ciertas restricciones, como la exigencia de que los informadores se acreditaran, en última instancia se les permitió cubrir la actualidad desde enclaves gubernamentales —tales como los campamentos de asistencia donde se da cobijo temporal a los supervivientes rescatados— y visitar los lugares de inhumación colectiva.

En marcado contraste, el acceso en China quedó circunscrito a un reducido número de corresponsales pertenecientes exclusivamente a los dos órganos mediáticos estatales del país, a saber, Xinhua y CCTV.

Los reporteros urgieron a que se les franqueara el acceso a las zonas devastadas en el inmediato devenir del siniestro, empero, hasta el presente no se les ha otorgado venia alguna para internarse en el perímetro afectado.

La República Popular China procura, con frecuencia, ejercer un férreo control sobre la difusión de información relativa a catástrofes; no obstante, en la región del Tíbet, sometida a un riguroso y exhaustivo escrutinio, la circulación de datos ha resultado particularmente constreñida, hasta el punto de devenir casi impermeable a cualquier flujo externo.

El Tíbet constituye una región autónoma de la República Popular China que ha atravesado sucesivos ciclos de movilización contestataria, disturbios civiles y medidas represivas por parte del aparato estatal desde que Pekín consolidó su soberanía sobre el territorio en 1951.

En la actualidad, dicha región se erige como epicentro de una ingente inversión procedente del gobierno central, así como de ambiciosos programas orientados a la erradicación de la pobreza.

Paralelamente, las infraestructuras de telecomunicaciones se hallan sometidas a una vigilancia y restricción rigurosas, lo que obstaculiza considerablemente la capacidad de los tibetanos para establecer una comunicación fluida con interlocutores allende las fronteras chinas.

El acceso al Tíbet exige, para todo extranjero, la obtención de un permiso gubernamental específico —requisito que se aplica con particular rigor a los periodistas, incluso a aquellos que ostentan una acreditación plena para ejercer su labor dentro del territorio chino.

La cobertura de CCTV se ha circunscrito primordialmente a la respuesta institucional, subrayando con énfasis las directrices del presidente Xi Jinping relativas a las operaciones de socorro ante catástrofes, al tiempo que difunde crónicas centradas en gestos de heroísmo —desde rescatistas suspendidos de aeronaves no tripuladas, asidos a un cable, hasta efectivos policiales que consuelan a un deudo que ha perdido a un ser querido—.

Por su parte, Xinhua ha publicado tanto comunicados oficiales sobre el siniestro como despachos de índole técnica que abordan la ciencia subyacente a los lagos glaciares.

Conforme a lo documentado por Human Rights Watch, a ciertos periodistas chinos se les habría impartido la instrucción taxativa de abstenerse de realizar entrevistas a allegados de los fallecidos o desaparecidos, así como de circunscribirse exclusivamente al material divulgado por la agencia Xinhua.

Paralelamente, China ha hecho gala de sus denodados esfuerzos por sancionar a aquellos que osaron cuestionar las versiones oficiales imperantes.

Los medios estatales han difundido profusamente un informe de la Policía Cibernética del Tíbet que detalla diez casos en los cuales las autoridades policiales de toda China sancionaron a individuos por "difundir rumores en línea" acerca de la catástrofe.

Tal afirmación podría entrañar, entre otras cosas, la puesta en tela de juicio de las cifras oficiales de víctimas mortales, como ejemplifica una publicación que sostenía: “Resulta incuestionable que al menos 1.000 personas fueron arrastradas por la corriente, y, no obstante, el parte oficial únicamente consigna tres fallecidos y 265 desaparecidos”.

Las sanciones impuestas por las autoridades policiales oscilan entre cinco y diez días de privación de libertad administrativa, viéndose complementadas, en ciertos supuestos, con una multa de carácter pecuniario ascendente a $150.

La República Popular China suele demorar considerablemente la divulgación de datos exhaustivos concernientes al número de víctimas mortales en catástrofes de gran envergadura.

Tras el paso de un tifón que provocó inundaciones de extrema gravedad en la provincia sudoccidental de Guangxi a comienzos de julio, las autoridades gubernamentales revisaron al alza la cifra oficial de fallecidos más de un mes después, elevándola de 39 a 159.

El gobierno ha procedido, en múltiples ocasiones, a una revisión al alza de la cifra oficial de víctimas mortales ocasionadas por las inundaciones, siendo la más reciente de dichas actualizaciones la efectuada el pasado viernes, momento en que el balance se vio incrementado hasta alcanzar los 31 decesos.

Los allegados de ciertos desaparecidos han alzado la voz públicamente a través de los exiguos conductos que escapan al férreo control ejercido por Pekín.

Aquarian, un medio de comunicación independiente chino que opera desde el exilio, entrevistó a allegados de víctimas chinas desaparecidas, entre ellos Peng Guangming, un joven que se desempeñaba en un proyecto vial respaldado por China en el lado nepalí de la frontera.

Peng mantuvo contacto con un colega aproximadamente diez minutos antes del desbordamiento.

Otra de las desaparecidas es una mujer de nombre He Hongrong, según la cuenta X Fat Parrot, que ha estado difundiendo publicaciones de redes sociales chinas en X.

El usuario de X rehusó ser entrevistado, aunque manifestó haber mantenido contacto con la familia y un allegado de He.

Su última aparición tuvo lugar en el lado nepalí de la frontera, portando una mochila de color verde, con la intención de cruzar de regreso a China.

Había concertado los servicios de un chófer para que la transportara de vuelta a Lhasa, en el Tíbet.

Sus allegados albergan la esperanza de que, al difundir una fotografía suya en la plataforma X, logren dar con alguien capaz de aportar datos concluyentes acerca de su paradero.