Un venezolano que fue baleado por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y trasladado a un centro de detención en Texas con una bala aún alojada en la espalda fue llevado nuevamente al hospital la noche del lunes, según declaró el abogado del hombre.

Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, se encontraba realizando una entrega para DoorDash en Austin el domingo cuando su vehículo fue "golpeado lateralmente" en dos ocasiones por agentes de ICE a bordo de una camioneta sin identificación, según declaró la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch a los periodistas en la madrugada del lunes.

Fue baleado y trasladado a un hospital, señaló, aunque posteriormente fue puesto en libertad el domingo bajo custodia de ICE con la bala aún alojada en su interior.

Durante una conferencia de prensa telefónica, Pérez había declarado que los médicos no le extirparon la bala debido a su proximidad a la columna vertebral.

Sostuvo que ICE ejerció presión para que lo dieran de alta con premura del hospital a fin de trasladarlo a un centro de detención.

Afirmó que no había recibido analgésico alguno ni tratamiento en dicho lugar, y que había dormido en el suelo, hasta que finalmente una enfermera le administró una "pastilla" el lunes.

De cara al lunes por la noche, Lincoln-Goldfinch manifestó que había sido trasladado al hospital.

El congresista estadounidense Greg Casar, demócrata por Texas, tildó esto de un primer paso positivo.

Ahora, tenemos que asegurarnos de que se recupere por completo, se reúna con su familia y pueda contarles a las autoridades la historia completa de cómo ICE le disparó por la espalda", dijo.

Pérez declaró la mañana del lunes que los agentes de ICE no le habían ordenado detenerse ni encender las luces intermitentes sino hasta después de haberlo embestido lateralmente.

Afirmó que había efectuado un giro en U y se disponía a estacionarse cuando los agentes impactaron su vehículo y le dispararon en la parte posterior del cuello.

"No me encuentro bien a causa de la herida de bala, y no he recibido la atención médica que preciso", declaró Pérez, expresándose en español por teléfono mientras un miembro del personal de su abogado traducía durante la conferencia de prensa.

Pérez había permanecido detenido en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, ubicado en Pearsall, a unas 130 millas (209 kilómetros) al suroeste de Austin, según declaró Lincoln-Goldfinch, quien añadió que Pérez le había manifestado en una llamada telefónica previa que estaba siendo interrogado.

El Departamento de Seguridad Nacional, que ejerce la supervisión de ICE, ha divulgado escasa información y no ha precisado qué desencadenó el tiroteo.

En un comunicado emitido el lunes a primera hora, el departamento señaló que se hallaba investigando el tiroteo de un venezolano en situación irregular en Estados Unidos que "tenía una orden final de deportación".

Seguridad Nacional no emitió respuesta inmediata a los correos electrónicos en los que se solicitaban más comentarios acerca del tiroteo.

Pérez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2024 tras haber recurrido a CBP One, un programa instaurado durante la presidencia de Joe Biden que contemplaba la programación de citas con las autoridades estadounidenses a fin de que se evaluara su solicitud de asilo, según declaró Lincoln-Goldfinch.

El presidente Donald Trump puso fin a dicho programa el primer día de su mandato.

Los abogados de Pérez sostuvieron que este era un solicitante de asilo y que contaba con un permiso de trabajo válido, según declaró Lincoln-Goldfinch.

Asimismo, señaló que un juez emitió una orden de deportación contra Pérez tras su incomparecencia a una audiencia en el tribunal de inmigración, debido a que el aviso de la audiencia había sido remitido a una dirección anterior.

"No es que el hecho de encontrarse fuera de estatus justificaría en modo alguno nada de esto", declaró Lincoln-Goldfinch en relación con el tiroteo en una publicación en redes sociales.

El tiroteo se produjo en un contexto de intensificación de la aplicación de la ley por parte de ICE en todo Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump.

A lo largo del verano, la agencia registró más de 50.000 arrestos mensuales en julio y agosto, una cifra sin precedentes para la institución.

Los oficiales de inmigración han quedado bajo un intenso escrutinio en medio de una serie de tiroteos desencadenados durante la ofensiva.

Al menos cuatro personas han sido abatidas a tiros por oficiales federales en el transcurso de operaciones de aplicación de la ley de inmigración este año.

Defensores locales, líderes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, grupo de derechos civiles, junto con dos congresistas demócratas que representan partes de Austin, solicitaron durante la conferencia de prensa la creación de un organismo independiente que revise incidentes de uso de fuerza por parte de ICE y remita presuntos delitos a los fiscales.

Asimismo, instaron al Congreso a prohibir que los oficiales de ICE realicen paradas de tráfico, argumentando que estos oficiales están mal capacitados y recurren a la violencia con demasiada rapidez.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, demócrata, ha manifestado su deseo de que la policía local desempeñe un papel en la investigación del tiroteo.

Watson sostuvo que no resultaría apropiado que ICE llevara a cabo la investigación por su cuenta.

Los manifestantes se congregaron frente al Capitolio de Texas en Austin la noche del lunes, entonando consignas contra ICE y portando carteles que rezaban lemas como: "Justicia 4 Wilber Pérez".

En la zona situada bajo un paso elevado, próxima al lugar del tiroteo, varias personas habían depositado velas, flores y un cartel en el que se leía "Justicia para Wilber", mientras que los pilares de concreto aparecían marcados con grafiti anti-ICE.

Los periodistas Russ Bynum, con base en Savannah, Georgia, y Hallie Golden, con base en Seattle, contribuyeron a la elaboración de este reportaje.