Se espera que los legisladores de California voten el martes un proyecto de ley destinado a apoyar a las víctimas de incendios forestales, tras rechazar una ambiciosa propuesta del gobernador Gavin Newsom que habría limitado la responsabilidad financiera de las empresas eléctricas por incendios provocados por su equipo.

El gobernador demócrata señaló que el acuerdo de última hora alcanzado con los legisladores reportará ciertos beneficios a las víctimas de los incendios, como la agilización de los pagos, aunque no llega a materializar las reformas de calado necesarias para resolver la cuestión de quién ha de asumir los costos de los fuegos originados por los equipos de las compañías de servicios públicos.

Su propuesta, al no lograr el respaldo necesario en los últimos días de la legislatura, habría reducido la cantidad que las empresas de servicios públicos debían pagar a algunas víctimas y habría impedido que las compañías de seguros demandaran a las eléctricas para recuperar los daños ya abonados a los propietarios de viviendas.

Newsom reconoció que el proyecto de ley logró ciertos avances en el abordaje de una cuestión tan controvertida como de alto riesgo.

"Podría haberme alejado fácilmente de esto", dijo a los periodistas en el Capitolio el lunes.

"Y eso habría sido un perjuicio para ustedes y para la gente de este estado".

El fracaso de Newsom en lograr la aprobación de su plan completo supuso una derrota poco común para el gobernador, quien a menudo ha contado con el respaldo de la legislatura de mayoría demócrata para sus iniciativas políticas.

Este revés se produce mientras concluye su última sesión antes de dejar el cargo en enero.

Las víctimas de los incendios criticaron duramente su propuesta, llegando incluso a protestar frente a la residencia del gobernador en Sacramento la semana pasada.

Argumentaron que el plan de Newsom habría priorizado las necesidades de las empresas de servicios públicos sobre las de los damnificados, mientras que las aseguradoras señalaron que trasladarles una mayor parte del costo de los daños les habría obligado a subir las primas a los asegurados.

Joy Chen, directora ejecutiva de Every Fire Survivor’s Network, una organización que agrupa a las víctimas de los incendios de 2025 en el área de Los Ángeles, afirmó que el acuerdo representó un triunfo para ellos.

"Los sobrevivientes de toda California confluyeron en Sacramento y exhortaron a nuestros representantes electos a que se alinearan con aquellos cuyos hogares, comunidades y vidas han sido arrasados", declaró en un comunicado.

"Y ellos atendieron el llamado".

Newsom esperaba que su plan contribuyera a estabilizar las tarifas eléctricas, notoriamente elevadas en el estado, al proteger a las empresas de servicios públicos de asumir la totalidad del impacto financiero de los incendios forestales.

Estas empresas han incrementado sus tarifas para costear la prevención y recuperación de los siniestros, en un contexto donde el cambio climático ha hecho los incendios más intensos y frecuentes.

Según la ley californiana, las empresas de servicios públicos deben responder por los daños causados por incendios originados por su equipamiento, incluso si un tribunal no determina su negligencia.

La cuestión de quién debe asumir el costo de los incendios provocados por los servicios públicos ha sido una constante durante todo el mandato de Newsom, que comenzó tras el incendio forestal más destructivo en la historia del estado.

En 2019, su primer año en el cargo, promulgó una ley que estableció un fondo de 21 mil millones de dólares, financiado por los accionistas y contribuyentes de dichos servicios, para ayudar a las empresas a cubrir los daños por incendios si adoptaban ciertas medidas de seguridad.

El año pasado, él y los legisladores acordaron complementar ese fondo con otros 18 mil millones de dólares.

Newsom dio a conocer su última propuesta en medio de las reclamaciones que enfrenta Southern California Edison por el segundo incendio más devastador del estado, un siniestro ocurrido en 2025 que se cobró la vida de 19 personas en las afueras de Los Ángeles.

El proyecto de ley que los legisladores someterán a votación establecería un programa para agilizar las indemnizaciones a las víctimas de incendios, impediría que los fondos de cobertura se beneficien de las reclamaciones por incendios forestales, y vetaría las bonificaciones para los ejecutivos de empresas de servicios públicos si el equipamiento de su compañía hubiera provocado un incendio que dañara o destruyera más de 500 edificaciones.

El Consejo de Respuesta a Catástrofes de California, que supervisa el fondo de incendios forestales, designaría a un administrador para que estableciera un proceso destinado a acelerar la resolución de las reclamaciones de los sobrevivientes.

La American Property Casualty Insurance Association manifestó que el acuerdo “salvaguarda los intereses de los californianos y garantiza la sostenibilidad tanto en términos de asequibilidad como de disponibilidad de las pólizas de seguros”.

Este resultado garantiza que los costos recaigan sobre las entidades responsables de los incendios forestales, al tiempo que salvaguarda los avances que California está logrando en la consolidación de su mercado asegurador, señaló la asociación comercial.

Pacific Gas & Electric, que se declaró en bancarrota en 2019 tras enfrentar reclamaciones por un devastador incendio en el norte de California provocado por el equipo de la empresa, y Edison International, la matriz de Southern California Edison, manifestaron su decepción con el acuerdo.

En una misiva dirigida a los legisladores, señalaron que el proyecto de ley no lograría estabilizar las tarifas para los californianos ni proporcionaría “soluciones duraderas a largo plazo” para compensar a las víctimas, sostener el fondo de incendios forestales del estado o gestionar el riesgo financiero de las empresas de servicios públicos.

El asambleísta Rick Zbur, demócrata, tachó de “desastre” la incapacidad de los legisladores para consensuar reformas de mayor envergadura.

“Estamos tan solo arañando la superficie y eludiendo las reformas de calado”, afirmó durante una comparecencia sobre el proyecto de ley.

Katelyn Roedner Sutter, del Fondo de Defensa Ambiental, expresó asimismo su desencanto con la propuesta, señalando que esta no alcanzaría el alcance necesario para mitigar el riesgo de incendios ni para estabilizar las tarifas eléctricas y de seguros.

“Lo más favorable que puedo expresar acerca de este proyecto de ley es que resulta aceptable”, declaró tras la audiencia.

La legislatura suele disponer hasta el 31 de agosto para aprobar proyectos de ley al cierre de una sesión de dos años, pero los legisladores y Newsom no consiguieron un acuerdo a tiempo para votar el lunes.

Para eludir el plazo de fin de sesión, incorporaron al proyecto de ley la denominada cláusula de urgencia.

Esta implica que se requiere el respaldo de dos tercios de la legislatura y que entrará en vigor de inmediato una vez promulgada.

Los legisladores, asimismo, dieron luz verde el lunes a una iniciativa que establecería los primeros estándares nacionales para la detección y remediación de plomo, asbesto y otros contaminantes tóxicos en el interior de las viviendas tras un incendio forestal.

El asambleísta John Harabedian, demócrata y autor del proyecto de ley, señaló que esta iniciativa surgió a raíz del devastador incendio Eaton de 2025, que arrasó Altadena, localidad a la que representa.

Subrayó la importancia de que los legisladores "descubran muy rápidamente cómo proteger a los sobrevivientes de incendios forestales y reconstruir comunidades", y afirmó que el proyecto de ley constituye un mecanismo para lograrlo.