A finales de este mes, la Corte Suprema decidirá si admite a trámite el recurso de un pescador de langosta contra la exigencia gubernamental de que los barcos utilicen dispositivos de rastreo electrónico.

Ese caso podría tener amplias consecuencias para la industria pesquera comercial estadounidense.

El langostero de Maine Frank Thompson presentó una demanda federal contra el jefe del departamento de recursos marinos de su estado por un requisito de instalar un rastreador GPS en su barco para mantener su licencia de pesca.

En 2023, el estado, donde la pesca de langosta constituye una industria tan crítica como histórica, exigió a todos los langosteros con permiso federal hacerlo para cumplir con una nueva regla de EE. UU. destinada a la recolección de datos.

Thompson sostuvo que el monitoreo constituía un registro e incautación irrazonables, si bien un tribunal de apelaciones federal desestimó su reclamación el año pasado.

Recurrió entonces ante la Corte Suprema, la cual tiene previsto revisar dicha reclamación el 28 de septiembre.

«La petición plantea si Maine puede obligar a los langosteros a llevar rastreadores GPS gubernamentales en sus barcos privados, incluso cuando no están trabajando», dijo Matt Gilliam, abogado principal de Thompson.

«Tenemos la esperanza de que la corte conceda la revisión y aborde esta importante cuestión de la Cuarta Enmienda».

Numerosos pescadores comerciales estadounidenses son vigilados en alta mar por observadores humanos y dispositivos electrónicos con el fin de recopilar datos que, a juicio de los reguladores, resultan cruciales para mantener sostenibles y saludables tanto la industria como las poblaciones de peces.

A lo largo de los años, los gremios pesqueros han recurrido a los tribunales para intentar limitar los requisitos de monitoreo, con resultados dispares.

Las autoridades han señalado que el programa de monitoreo de las embarcaciones langosteras es importante para mejorar la comprensión de la valiosa población de crustáceos en un momento en que esta parece estar disminuyendo en Nueva Inglaterra.

Un portavoz del Departamento de Recursos Marinos de Maine declinó hacer declaraciones el lunes.

Carl Wilson, comisionado del departamento, manifestó el año pasado que los datos proporcionados por los barcos langosteros resultan fundamentales para "mitigar el daño económico a la industria", así como para fundamentar la elaboración de regulaciones.

Los grupos conservacionistas se han opuesto a los esfuerzos por reducir el monitoreo de los barcos pesqueros en el mar, que consideran importante para proteger el océano en general.

Los esfuerzos por anular un fallo de un tribunal federal de apelaciones no cambian el hecho de que la población de langosta de Nueva Inglaterra ha disminuido y que los administradores pesqueros necesitan con urgencia datos confiables y detallados para responder a los complejos problemas que enfrenta nuestro océano", dijo Erica Fuller, abogada principal de Conservation Law Foundation.

La industria langostera de EE. UU. se concentra principalmente en Maine, donde los pescadores capturaron más de 78 millones de libras (35,4 millones de kilogramos) de estos crustáceos el año pasado.

Esa cifra fue similar a la captura anual típica del sector en la década de 2000, pero supone un marcado descenso respecto a hace una década, cuando las capturas superaban habitualmente los 120 millones de libras (54,4 millones de kilogramos) al año.