LONDRES (AP) — Keir Starmer, líder del partido laborista y aspirante a jefe del ejecutivo británico, se comprometió este lunes a contener los flujos migratorios y erigir barreras más infranqueables para el asentamiento en el Reino Unido, abordando así una problemática que ha constituido un perenne caballo de batalla para las administraciones precedentes y que ha catalizado el surgimiento de una nueva formación política de sesgo xenófobo, susceptible de constituir una seria amenaza para el *statu quo* político del país.

Starmer, cuyo partido Laborista de centroizquierda cosechó una victoria aplastante el pasado julio, afronta la presión de un electorado crecientemente exasperado por los cuantiosos flujos migratorios que, a juicio de muchos, han sobrecargado los servicios públicos y exacerbado las tensiones interétnicas en determinadas zonas del país.

En una velada alocución, Sir Keir Starmer declaró su intención de clausurar el "malogrado experimento británico de fronteras abiertas", un pronunciamiento que se producía menos de dos semanas después de que Reform UK, la formación de extrema derecha capitaneada por Nigel Farage, registrara resonantes triunfos en las pugnas electorales locales. En un revés sin precedentes, tanto el Partido Laborista como los conservadores de centroderecha, otrora los pilares hegemónicos de la política británica, fueron testigos de un desplome de su caudal de apoyos en las disputas por concejalías y alcaldías.

Cada área del sistema inmigratorio —con la inclusión de los ámbitos laboral, familiar y académico— será objeto de un rigor sustancial, con el propósito teleológico de instituir un control más taxativo," aseveró Starmer en el curso de un alocución en Downing Street. "Estableceremos una arquitectura sistémica que conjuge el control, la selectividad y la equidad.

La inmigración ha constituido un leitmotiv perenne en el debate político y social británico a lo largo de décadas, adquiriendo particular intensidad a raíz de la ampliación de la Unión Europea hacia Europa del Este en 2004. A diferencia de la mayoría de los Estados miembros de la UE, que impusieron moratorias a la libre circulación de trabajadores procedentes de los nuevos países adheridos durante un período transitorio, el Reino Unido optó por una liberalización inmediata de su mercado laboral.

En 2010, el entonces primer ministro, David Cameron, formuló el compromiso de coartar la inmigración neta anual a una cifra inferior a las 100.000 personas, un objetivo que cuatro administraciones conservadoras subsiguientes no lograron materializar; consiguientemente, en 2016, la exasperación ante la manifiesta ineptitud gubernamental para gestionar los flujos migratorios procedentes de la Unión Europea constituyó un determinante cardinal en la decisión del electorado británico de abandonar el bloque comunitario.

Empero, el Brexit resultó inane a la hora de mitigar el influjo de individuos que arriban al país mediante visados de trabajo, estudio y reunificación familiar. La migración neta –la cifra resultante de sustraer a los recién llegados al Reino Unido quienes lo abandonan– rebasó los 900.000 durante el ejercicio finalizado en junio de 2023, de acuerdo con estadísticas gubernamentales, lo que representa un guarismo casi cuádruple al antecedente al Brexit. Este acentuado incremento se vio parcialmente catalizado por el éxodo de cientos de miles de personas que eluden el conflicto bélico en Ucrania y la coacción ejercida por China en Hong Kong. La migración neta experimentó un descenso, situándose en 728.000 durante el año fiscal que culminó en junio de 2024.

En los últimos años, las aprehensiones sobre la menguante soberanía del gobierno sobre las fronteras británicas se vieron exacerbadas por la estampa de miles de migrantes que recalaban en el Reino Unido a bordo de precarias embarcaciones neumáticas fletadas por traficantes de personas; aproximadamente 37,000 individuos atravesaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones el año pasado.

Starmer ha contraído la ineludible obligación de mermar esa cifra afrontando a las intrincadas redes delictivas dedicadas a la trata de personas que orquestan dichos periplos.

Asimismo, ha manifestado su irrestricto compromiso de mermar ostensiblemente la inmigración legal —si bien eludiendo cifrar magnitud alguna— a través de una serie de medidas intrincadas: la disminución prolija del contingente de visados adjudicados para actividades laborales de exigua especialización, el encarecimiento de los umbrales salariales inherentes a los visados vinculados a la actividad laboral y, por último, la elevación preceptiva de los baremos de dominio del inglés para los inmigrantes.

Starmer abrazó la retórica pro-Brexit que antaño refutara, aseverando que su gobierno "reivindicaría el control" de las lindes británicas.

Argumentó que las administraciones conservadoras precedentes habían tutelado "un experimento de una sola nación con fronteras porosas, perpetrado en un país que optó por la soberanía fronteriza. Ergo, adieu."

La panoplia de medidas gubernamentales, desvelada el lunes, consagra una reducción drástica en la expedición de visados para ocupaciones de baja cualificación y la supresión de la contratación transnacional en el sector asistencial, trabajos primordiales pero consuetudinariamente insuficientemente remunerados. El Ejecutivo aseveró su intención de optimizar las condiciones laborales a fin de incentivar a los trabajadores autóctonos a acceder a estas plazas, si bien omitió pormenorizar los extremos de dicha estrategia.

Martin Green, el director ejecutivo del ente gremial Care England, aseveró que la contratación a escala global representaba un "baluarte irrenunciable" para el sector.

"Erradicarlo perentoriamente, sin preaviso, desprovisto de financiación y huérfano de alternativas, no es meramente miope; entraña crueldad," adujo.

Adjudicando que segmentos de la economía británica se habían tornado "cuasi-adictos" a la mano de obra inmigrante a precio de saldo, Starmer articuló que el gobierno subvencionaría copiosamente programas de aprendizaje y cualificación profesional para la fuerza laboral autóctona.

En virtud de las nuevas disposiciones, la mayoría de los inmigrantes deberán acreditar una década de residencia ininterrumpida en el Reino Unido, a diferencia del lustro exigido previamente, como requisito sine qua non para la obtención de la ciudadanía, si bien se contemplan plazos de espera abreviados para quienes acrediten una contribución e integración significativas.

Starmer arguyó que, si bien "la migración está intrínsecamente ligada a la narrativa histórica del Reino Unido", la ausencia de normativas rigurosas entraña el peligro de que el país "devenga en una ínsula de foráneos, en lugar de una nación cohesionada que progresa conjuntamente".

Colectivos de refugiados y algunos parlamentarios laboristas expresaron su profundo malestar ante la dialéctica de Starmer, que incluía la perentoria aseveración de que la ingente migración había infligido "daños inconmensurables" al tejido social británico. La diputada laborista Sarah Owen consignó en la red social Bluesky que "seguir la estela de la derecha entraña el riesgo de precipitar a nuestro país por una senda aciaga".

Chris Philp, quien ejerce como portavoz conservador en materia de inmigración, aseveró que las propuestas laboristas resultaban manifiestamente insuficientes.

"El público está en su derecho al conminar el ocaso de la inmigración masiva," adujo, apremiando que "el Parlamento sancione un tope anual perentorio a la inmigración."