Según abogados, las autoridades estadounidenses notificaron a algunos inmigrantes su intención de deportarlos a Libia, un país de origen ajeno y con un historial documentado de vulneraciones de los derechos humanos; al respecto, un juez dictaminó la improcedencia de dichas deportaciones sin la debida observancia del derecho a la impugnación judicial.

El intrincado entuerto jurídico se fragua mientras la administración Trump propugna planes para ejecutar expulsiones sumarias, que entrañan la tentativa de expatriar a migrantes a una nación de la que no son oriundos. El caso paradigmático más polémico de lo que se denomina deportaciones a un tercer país ha sido el traslado de venezolanos a un presidio salvadoreño de infausta reputación.

La deportación de individuos a Libia, nación caracterizada por un historial fehacientemente documentado de vulneración de los derechos de los migrantes, representaría una significativa agudización en la estrategia gubernamental de externalizar la recepción de personas expulsadas del territorio estadounidense en terceros países.

Un prohombre gubernamental estadounidense divulgó el miércoles que se barajaban planes para transportar a inmigrantes por vía aérea a Libia a bordo de un avión militar, sin embargo, soslayó pormenores relativos al cronograma de dicha travesía del C-17. El susodicho funcionario se expresó sub condición de anonimato para dilucidar operativos castrenses.

Juristas especializados en derecho migratorio aseveran que a ciertos individuos bajo su tutela, procedentes entre otros de Vietnam, Laos y Filipinas, agentes de la autoridad de inmigración les comunicaron su inminente repatriación a Libia, llegando en algunos casos a aducir, según testimonios recabados, su traslado al Reino de Arabia Saudí.

En un escrito judicial, los abogados que representan a ciudadanos vietnamitas expusieron que, basándose en informes de familiares de los detenidos, oficiales de Inmigración y Control de Aduanas congregaron a seis personas aprehendidas en el sur de Texas en una sala el martes a primera hora y les conminaron a suscribir un documento por el cual manifestaban su conformidad a ser repatriados a Libia.

"Ante la negativa generalizada, se procedió a su segregación en celdas individuales y a la aplicación de medidas coercitivas de inmovilización (lo que, en esencia, constituía un régimen de aislamiento) con el fin de coaccionarles a suscribirlo", consignaron los letrados.

En otro caso, un letrado que representa a un ciudadano filipino remitió una misiva a la sede de ICE en San Antonio, en la que exponía que su patrocinado había sido informado de su inminente traslado a Libia. El jurista aseveró que su cliente "manifiesta su aprensión ante una posible deportación a Libia y, por consiguiente, debe ser sometido a un interrogatorio previo a la materialización de cualquier medida de expulsión".

El magistrado arguye que a los inmigrantes se les debe conceder la prerrogativa de refutar las expulsiones.

Los abogados acudieron el miércoles al foro para rogar la mediación del juez de distrito Brian E. Murphy, en Massachusetts, quien ha estado presidiendo una querella contra la administración Trump por su práctica de expatriar a personas a países de los que no son connacionales.

En marzo, falló que, a despecho de que las personas hayan exhausto sus vías recursivas, no es factible la expulsión a su país de origen sine que se les confiera una "ocasión trascendental" para aducir que tal acción conculcaría su incolumidad.

El miércoles, aseveró que cualesquiera deportaciones "supuestamente inminentes" a Libia contravenirían paladinamente "el mandamiento de este tribunal", por lo que conminó al gobierno a pormenorizar los extremos de las alegaciones.

Allende los venezolanos repatriados a la República de El Salvador, la administración ha procedido a la expulsión de individuos hacia la República de Panamá y la República de Costa Rica, careciendo estos últimos de la ciudadanía de dichos Estados.

La remisión de individuos a jurisdicciones foráneas ha catalizado una miríada de interrogantes relativas a las garantías procesales y, con especial acento en la casuística salvadoreña, si ello entraña el riesgo inminente de revictimización.

Más allá de esos tres estados centroamericanos, la administración Trump ha aducido que está sopesando la viabilidad de otras terceras naciones para la repatriación de migrantes. Al ser inquirida el miércoles sobre si Libia figuraba entre esas jurisdicciones, la respuesta de la administración fue parca en detalles.

El presidente Donald Trump formuló indagaciones al Departamento de Seguridad Nacional, cuya secretaria, Kristi Noem, manifestó en una rueda de prensa en Illinois que no podía corroborar las informaciones mediáticas acerca de proyectos de deportación a Libia.

El gabinete libio asentado en Trípoli, tutelado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, aseveró el miércoles, en un comunicado oficial, la inexistencia de "pacto o connivencia" con los Estados Unidos en relación a la acogida de migrantes, si bien espetó que "instancias colaterales" podrían haber consentido tal recepción.

El comentario en cuestión aparentemente alude a la administración antagónica que ostenta el poder en el este de Libia, bajo la égida del influyente jerarca militar Khalifa Hifter. Libia se ha hallado, por luengos años, escindida entre administraciones rivales que dirigen sendas áreas —oriente y occidente—, siendo cada una apuntalada por facciones armadas y potencias foráneas.

El Ejército Nacional Libio, bajo la égida del Mariscal de Campo Haftar y con dominio sobre el este y sur del territorio libio, asimismo divulgó un comunicado oficial refutando categóricamente la existencia de cualquier pacto o avenencia destinado a la recepción de migrantes provenientes de los Estados Unidos.

"La acogida o admisión de estos individuos en los enclaves custodiados por las Fuerzas Armadas Libias queda categóricamente proscrita, independientemente de la índole de las motivaciones o pretextos invocados", se comunicó.

La documentación de los abusos perpetrados contra migrantes en centros de detención libios es profusa, con investigadores de las Naciones Unidas aseverando poseer indicios fehacientes de potenciales crímenes contra la humanidad, entre los que se cuentan relatos de homicidios, suplicios, subyugación, ejecuciones sumarias y agresiones sexuales.

Los migrantes han testimoniado ante The Associated Press haber sufrido reiteradas palizas y torturas mientras se extorsionaba a sus familias para obtener rescates. Sus cuerpos evidenciaban profusas lesiones, tanto pretéritas como coetáneas, y mostraban estigmas de proyectiles y armas blancas en espalda, piernas, brazos y rostros.