Permanezca a la vanguardia de las últimas novedades concernientes al proceso judicial incoado por el homicidio de Lindsay Clancy.

El magistrado que presidía el proceso por el homicidio de Lindsay Clancy decretó la nulidad del procedimiento el viernes, al constatar la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto unánime en una causa que suscitó una profunda fractura en la opinión pública estadounidense en torno a si la residente de Massachusetts debía ser considerada penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos menores.

El proceso judicial suscitó un interés extraordinariamente sostenido a lo largo de varias semanas, proyectando un foco de atención sin precedentes sobre la salud mental materna en el período posparto.

Clancy, de 36 años, exenfermera especializada en trabajo de parto y alumbramiento, jamás impugnó el haber dado muerte a sus hijos.

No obstante, su defensa arguyó que padecía una dolencia infrecuente, la psicosis posparto, cuando estranguló a sus vástagos — el menor de ellos con apenas 8 meses de edad — y posteriormente intentó autoinfligirse la muerte en 2023.

La fiscalía, por su parte, sostuvo que Clancy era plenamente consciente de sus actos.

La anulación del veredicto el viernes, al séptimo día de deliberaciones, deja el caso en un limbo jurídico irresoluto.

En última instancia, la determinación pareció no suscitar asombro alguno entre los presentes en la sala.

Ni Clancy ni su parentela exteriorizaron la más mínima conmoción cuando el magistrado proclamó que el proceso concluía sin dictamen alguno.

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Clancy sigue imputada por el delito de asesinato, y se prevé que su internamiento en un centro psiquiátrico se prolongue hasta la resolución definitiva de su causa.

Su letrado, Kevin Reddington, manifestó su convicción de que habría resultado absuelta de no haber mediado un jurado cuya composición devino objeto de controversia en torno a si se acataban escrupulosamente las directrices emanadas del juez.

Reddington aseveró que Clancy se hallaba "no bien" cuando un periodista le inquirió acerca de su estado tras la declaración de nulidad del juicio.

Sus progenitores y su hermana fueron escoltados fuera del recinto judicial por la policía estatal, sin dirigir palabra alguna a los periodistas.

Su exmarido, Patrick Clancy, primer testigo del proceso, ha manifestado en entrevistas previas que la absuelve y considera que sus actos fueron consecuencia de una dolencia psiquiátrica.

Un comunicado difundido por su letrado el pasado viernes señalaba que "la mera perspectiva de revivir esta tragedia a través de un nuevo proceso judicial resulta extraordinariamente penosa".

El fiscal que resolvió incoar el procedimiento penal contra Clancy manifestó que no se adoptaría una determinación inmediata respecto a la celebración de un segundo juicio, y añadió que la presión ejercida por la opinión pública no constituiría, en modo alguno, un factor determinante en su deliberación.

"Esto ha sido, y siempre será, una cuestión de procurar justicia para esos tres infantes", declaró Timothy Cruz, fiscal de distrito del condado de Plymouth.

"Este caso no versa sobre el sistema sanitario, ni sobre el trato dispensado a las mujeres dentro de él, ni sobre los diagnósticos que en él se formulen".

Subrayó que las dos fiscales que conducían el proceso eran, según sus propias palabras, "ambas madres".

Las deliberaciones adquirieron una inflexión dramática el viernes, cuando el magistrado anunció su intención de declarar la nulidad del procedimiento, para acto seguido revertir abruptamente su postura y conceder al letrado de Clancy la facultad de recurrir dicha resolución ante el Tribunal Supremo de Massachusetts.

No obstante, la alta instancia se abstuvo de interponer obstáculo alguno que impidiera al juez decretar la anulación del juicio.

Los letrados de Clancy sostuvieron que uno de los miembros del jurado reveló un posible sesgo contra individuos con trastornos mentales, sin aportar pormenores al respecto.

Arguyeron que dicho jurado debería, como mínimo, ser sometido a un interrogatorio más exhaustivo por parte del magistrado, o incluso ser destituido antes de que se declarara la nulidad del procedimiento.

Los fiscales aseveraron que Clancy obró con plena premeditación al sofocar a Cora, de 5 años; a Dawson, de 3; y a Callan, de 8 meses, sirviéndose de bandas elásticas de ejercicio.

Asimismo, sostuvieron que logró ingeniárselas para hacer salir de la vivienda a su esposo el 24 de enero de 2023, enviándolo a adquirir medicamentos para uno de sus hijos y la cena familiar.

La defensa letrada de Clancy sostuvo que su inimputabilidad penal devenía incuestionable a la luz de la psicosis puerperal que padecía, una entidad nosológica de carácter infrecuente cuya etiopatogenia se asocia a la conjunción de factores estresantes, la privación del sueño y las alteraciones del eje neuroendocrino subsiguientes al alumbramiento.

En tres ocasiones, los miembros del jurado manifestaron su incapacidad para alcanzar un veredicto unánime.

El portavoz del jurado comunicó al juez el jueves que un único jurado se empecinaba en desatender las directrices del tribunal concernientes a la duda razonable.

Fuera del recinto judicial el viernes, Reddington arremetió con vehemencia contra el jurado, al que tildó de obstáculo que frustró la consecución de un veredicto.

"Ellos (el jurado) son plenamente conscientes de que fueron despojados por un individuo, cualquiera que fuese su agenda, que sustrajo siete semanas de la existencia de estos otros miembros del jurado, quienes se mostraron tan diligentes, tan exquisitos, tan extraordinarios", aseveró.

La composición del jurado permanecía en la ambigüedad, así como su inclinación hacia el veredicto de culpabilidad o exculpación.

De ser hallada responsable del delito de asesinato, Clancy se enfrentaría a la posibilidad de una reclusión perpetua; no obstante, en el supuesto de que resultara absuelta, la autoridad judicial conservaba la potestad de decretar su internamiento en una institución psiquiátrica.

El magistrado decretó la salvaguarda de la identidad de los miembros del jurado durante un período no inferior a catorce días, arguyendo que la causa había suscitado una atención de magnitud considerable y profundamente polarizante.

Millones de ciudadanos a lo largo y ancho de los Estados Unidos fueron testigos oculares del proceso judicial, cuya transmisión en vivo se difundió por doquier.

Hasta el mismísimo presidente, Donald Trump, admitió hallarse pendiente de cada pormenor de la cobertura mediática.

"Es una situación de una gravedad inusitada.

Mire usted, ella perpetró un acto de una vileza inconcebible, absolutamente execrable", declaró Trump el viernes.

"No cabe posibilidad de que exista algo peor.

Sin embargo, descubrirá cuál será el precio que habrá de pagar.

Y lo habrá, inexorablemente: un manicomio, la cárcel o cualquier otra consecuencia análoga".

En la mayoría de las jornadas, las mujeres que respaldaban a Clancy, ataviadas de rosa, acudían a presenciar el proceso judicial.

Muchas de ellas aludían a sus propias vivencias posparto o a las adversidades que habían atravesado dentro del sistema sanitario.

El viernes, una de esas mujeres, Marta Quijano, cirujana de 55 años, manifestó que la anulación del juicio la había sumido en una profunda congoja "por la familia, por Lindsay".

"No considero que deba verme abocada a padecer nuevamente semejante periplo; estimo que este asunto debería haberse zanjado con antelación", manifestó Quijano, al borde del llanto.

"Resulta de una injusticia flagrante.

Percibo que, en nuestra condición de mujeres, se nos trata con un sesgo profundamente inequitativo: se nos desestima, se trivializan nuestras vicisitudes.

Incluso lo acaecido hoy evidencia, a mi juicio, una negligencia inexcusable por parte de alguien".

El magistrado advirtió, en una fase temprana de las deliberaciones, que el proceso había resultado extenuante tanto en el plano emocional como en el físico para todos los implicados.

Gran parte de la deposición resultó de una crudeza insoportable, desde la angustiosa llamada de emergencia realizada por el progenitor de los menores, quien halló sus cuerpos sin vida, hasta las pormenorizadas descripciones de las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Clancy se abandonó a un llanto incontenible en repetidas ocasiones.

En cierto momento, el magistrado decretó una breve suspensión de la sesión mientras los sollozos desgarradores de Clancy saturaban la estancia judicial, al tiempo que se proyectaban las fotografías de las necropsias de los menores.

A lo largo de veintiún días de deposiciones, los miembros del jurado fueron testigos de cómo la salud mental de Clancy se desmoronó de manera progresiva e inexorable tras el alumbramiento de Callan.

Sumida en una angustia abisal, presa de un insomnio implacable y aquejada por lo que ella misma calificó de desconcertante ofuscación cognitiva, Clancy recurrió a especialistas en trastornos afectivos perinatales, quienes le prescribieron un régimen de múltiples psicofármacos.

Los allegados de Clancy declararon que esta manifestó su inquietud ante su progresivo menoscabo.

Su antigua suegra, Susan Clancy, la describió como una madre afectuosa y entrañable que se hallaba "suplicando auxilio".

Clancy se internó voluntariamente en una institución psiquiátrica a comienzos de 2023, aunque su permanencia resultó efímera.

Diecinueve días después de su alta médica, perpetró el homicidio de los menores, cuyos cuerpos yacieron ocultos en el sótano de la vivienda familiar al sur de Boston.

Acto seguido, Clancy se precipitó desde una ventana del segundo piso, quedando parapléjica de manera permanente a partir de la cintura.

Los fiscales reconocieron que Clancy padecía una patología mental de carácter grave, pero sostuvieron con firmeza que poseía la capacidad cognitiva para comprender la naturaleza de sus actos y ejercer control sobre ellos.

Subrayaron que, si bien ella alegó haber percibido una voz masculina que le conminaba a dar muerte a los menores, jamás reveló tal circunstancia a sus profesionales de salud mental con anterioridad a los homicidios.

Los periodistas Rodrique Ngowi, desde Plymouth; John Seewer, desde Toledo, Ohio; Philip Marcelo, desde Nueva York; Jamie Stengle, desde Dallas; Sudhin Thanawala, desde Atlanta; y Ed White, desde Detroit, efectuaron contribuciones de inestimable valor a este despacho.