Un oficial de inmigración se declaró inocente el viernes de cargos federales que le imputan haber mentido al FBI acerca de haber sido agredido con anterioridad a disparar y herir a un hombre venezolano durante la ofensiva migratoria desplegada en Minneapolis a principios del presente año.

El oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Christian Castro compareció ante un juez magistrado federal tras haber sido acusado este mes por los fiscales de seis cargos federales por haber formulado declaraciones falsas en relación con el tiroteo del 14 de enero contra Julio Cesar Sosa-Celis.

Castro, ataviado con un traje negro y portando un monitor eléctrico visible en el tobillo, apenas si dijo algo durante la audiencia.

Fue suspendido sin goce de sueldo por ICE a principios de este año.

La audiencia federal de Castro se sustanció un día después de que compareciera ante un tribunal estatal por cargos de agresión y fuera excarcelado bajo fianza.

Su abogado defensor, Daniel Gerdts, rehusó formular comentario alguno acerca del caso al abandonar el tribunal el viernes.

Los procedimientos judiciales no fueron sino el corolario de meses de batallas legales en torno a si Castro, de 52 años, habría de ser extraditado desde Texas, su estado natal, para enfrentar cargos en Minnesota.

Finalmente, regresó por su propia cuenta tras haber sido liberado de una cárcel de Texas el mes pasado.

El caso fue rápidamente arrastrado hacia el ámbito de la política nacional.

Minnesota constituye un blanco frecuente del presidente Donald Trump, quien con regularidad denigra al gobernador demócrata Tim Walz —quien se postuló como candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales—, así como a la representante Ilhan Omar, nacida en Somalia.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado de Trump, vinculó en ocasiones su negativa a firmar la orden de extradición de Castro a investigaciones en curso sobre un fraude masivo en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota.

Trump se valió de las investigaciones de fraude para justificar la ofensiva.

Tanto en la causa federal como en la estatal incoada contra Castro, los fiscales sostienen que este disparó contra Sosa-Celis, de 24 años, en la pierna mientras efectuaba disparos a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis.

Afirman que Castro mintió posteriormente a los investigadores al manifestarles que había sido agredido con un palo de escoba y una pala para nieve antes de accionar su arma.

Los fiscales de Minnesota lo imputaron en mayo, si bien sus esfuerzos por extraditarlo desde Texas, donde había sido detenido, se vieron abocados a la frustración.

Finalmente se entregó a las autoridades federales en el preciso instante en que los funcionarios dieron la voz de alarma de que podría huir a través de la frontera entre Estados Unidos y México tras ser liberado de una cárcel de Texas.

Fue acusado por separado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos a principios de este mes.

Constituye el primer procesamiento incoado por el Departamento de Justicia contra un oficial federal por sus actuaciones durante la Operación Metro Surge de este año, la cual desplegó a miles de agentes en las Ciudades Gemelas y desencadenó protestas generalizadas, detenciones y los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de oficiales federales.

En una comparecencia previa ante un juez federal en Texas, Castro fue puesto en libertad bajo una fianza de $75,000, imponiéndosele la obligación de portar un monitor de tobillo GPS.

Asimismo, se le conminó a hacer entrega de su pasaporte y de cualquier arma de fuego de carácter personal.

Las autoridades de Minnesota se han enfrentado a la administración Trump en una pugna por dilucidar a qué instancia compete tramitar cualquier cargo imputable a Castro.

El Departamento de Seguridad Nacional ha tildado el procesamiento de Castro por parte de Minnesota de "ilegal y nada más que un truco político", aduciendo que únicamente las autoridades federales ostentan jurisdicción.

Las autoridades, entre las que se contaba la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, procedieron a la detención de Castro en Texas el 29 de mayo, una vez que un juez de Minnesota hubo emitido una orden de arresto de alcance nacional.

Minnesota había procurado su extradición mientras este se hallaba bajo custodia en Texas; no obstante, Abbott se negó a suscribir la orden de extradición correspondiente.

El periodista Russ Bynum, avecindado en Savannah, Georgia, coadyuvó a la confección del presente reportaje.