Un proceso judicial por conspiración de extorsión contra Huawei Technologies dio comienzo el miércoles en Nueva York, en el que fiscales federales imputaron a la empresa tecnológica china una letanía de delitos, entre los que se incluyen el robo de tecnología a empresas estadounidenses, el abuso del sistema financiero de Estados Unidos y la asistencia a Irán en el espionaje a sus ciudadanos.

Huawei se erige como el mayor proveedor mundial de equipos para redes de telecomunicaciones inalámbricas; no obstante, tiene vedada la venta de equipos a operadores estadounidenses ante el temor de que constituya un riesgo para la seguridad.

Asimismo, ha sido incluida en la lista negra por otros aliados occidentales, entre ellos Canadá y el Reino Unido.

Taylor Stout, abogado del Departamento de Justicia, incoó el caso del gobierno manifestando al jurado de Brooklyn que Huawei había perpetrado múltiples delitos a lo largo de dos décadas.

El abogado defensor Brian Heberlig desestimó, no obstante, tales acusaciones, aduciendo que los fiscales cimentaban su caso en un puñado de anécdotas y en ciertas conductas impropias de unos pocos de los aproximadamente 200.000 empleados de Huawei repartidos por 170 países, a fin de presentar a la empresa y a tres de sus filiales como una corporación criminal corrupta.

"No existía un plan preconcebido para el crimen", aseveró Heberlig, quien recalcó que los jurados han de sopesar que en este caso hay "personas reales cuyas carreras e integridad penden de un hilo".

El primer testigo convocado por la fiscalía fue Parham Baheshti, criado en Irán pero trasladado a Estados Unidos con el fin de cursar estudios superiores, país del que obtuvo la ciudadanía en 2000.

Baheshti, quien retornó a Irán en 2003 para hallarse más cerca de la familia de su esposa, declaró haber filtrado secretos al gobierno estadounidense acerca de sus tratos con Huawei, tras haberse enterado de la existencia del gigante tecnológico mientras trabajaba, en 2009, para una empresa pequeña pero de vertiginoso crecimiento que llevaba internet a rincones remotos de Irán.

Baheshti manifestó que le entusiasmaba la idea de intentar llevar acceso a internet a pequeñas ciudades iraníes, pero que llegó a convencerse de que Huawei no iba a prestar su ayuda.

"No parecían inquietarse lo más mínimo por semejante cuestión", dijo.

"Tenían su propia agenda, andaban a lo suyo".

Calificó de "indignante" el hallazgo, durante una reunión con trabajadores de Huawei, de que la empresa china estuviera formulando una propuesta "para analizar a la gente (iraní) y su comportamiento en línea".

Baheshti manifestó que había abandonado Irán en 2011, en el preciso instante en que se le comunicó que se hallaba bajo investigación.

Durante su declaración de apertura, Heberlig manifestó a los jurados que percibirían a través de lo que caracterizó como testigos poco fiables de la acusación y constatarían que "las afirmaciones del gobierno no cuadran".

Asimismo, sostuvo que hallarían que parte del testimonio contra la empresa había sido alimentado por "viejos rencores".

Ridiculizó los planes de los fiscales de exhibir pruebas ante el tribunal de que un empleado de Huawei hubiera fotografiado el producto de una empresa rival durante un evento ferial, aduciendo que el gobierno omitió mencionar que Huawei despidió con celeridad al trabajador por el "acto tonto".

No constituía indicio alguno de una "conspiración en toda la empresa", aseveró Heberlig, quien achacó el notable crecimiento de Huawei a su éxito en ingeniería, inversión, innovación y competencia.

Huawei se dedica a la fabricación de teléfonos y otros productos electrónicos de consumo, si bien ha sido desvinculada de otras líneas de negocio.

Más recientemente, ha incursionado en la fabricación de chips, en un contexto en el que el auge de la inteligencia artificial impulsa la demanda de microprocesadores.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, su administración suscitó preocupaciones de seguridad nacional en torno a Huawei y comenzó a ejercer presión sobre los aliados occidentales para que estos se abstuvieran de incorporar los productos de la empresa en sus redes inalámbricas de alta velocidad de próxima generación.

Estados Unidos anunció los cargos penales a principios de 2019 y, desde entonces, ha ampliado las acusaciones.

Funcionarios chinos aseveraron que Estados Unidos ha incurrido en un "acoso económico" y ha instrumentalizado indebidamente la seguridad nacional como pretexto para "oprimir a las empresas chinas".