El volumen de operaciones en los mercados de predicción durante el ciclo electoral, incluso en las contiendas más trascendentales de este otoño, se ha disparado exponencialmente, mientras diversas entidades federativas pugnan por proscribir dichas plataformas al considerarlas casinos carentes de licencia, y comienzan a albergar serias inquietudes acerca de cómo las apuestas de alto riesgo podrían incidir de manera impredecible sobre el tejido democrático estadounidense.

Ya en el presente ejercicio, las probabilidades de los mercados de predicción se han imbricado con los comicios de la vida real, y se está convirtiendo con celeridad en un asunto de máxima actualidad para los administradores electorales, quienes durante años han lidado denodadamente contra la desinformación y las teorías conspirativas.

Sus inquietudes abarcan un espectro considerable, si bien muchas convergen en el temor de que unos incentivos financieros de aplicación generalizada puedan socavar aún más la credibilidad de los comicios y del sistema democrático, en caso de que los estadounidenses perciban que dichos estímulos están condicionando el desenlace electoral.

“Esta constituye una tendencia de carácter alarmante que los administradores electorales de todo el país se hallan en la obligación de afrontar”, aseveró Jared DeMarinis, administrador de la Junta Electoral del Estado de Maryland.

Polymarket, Kalshi y otros mercados de predicción facultan a los participantes para adquirir y enajenar contratos indexados al desenlace probable de un acontecimiento.

Dichos contratos suelen cotizarse entre uno y noventa y nueve centavos, y los clientes pueden especular sobre un espectro que abarca desde las contiendas por la alcaldía, la gobernación y el Senado estadounidense.

La proliferación exponencial en el ámbito del comercio de los mercados de predicción se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha impulsado modificaciones radicales en los protocolos de verificación de la identidad del electorado y en los mecanismos de sufragio epistolar, con el fin de contrarrestar lo que él asevera, de manera falaz, que constituye un fraude endémico en la votación por correo y una participación electoral generalizada de individuos carentes de ciudadanía.

Los funcionarios de Kalshi y Polymarket, por su parte, sostienen que dicha actividad no constituye ni un juego de azar ni una amenaza para la integridad electoral o el robustecimiento democrático.

Se afirma que apenas se distingue de aquellos individuos que especulan con acciones, bonos o materias primas en la antesala de unos comicios, a fin de blindarse frente a las posibles repercusiones que las políticas del vencedor definitivo pudieran ejercer sobre sus carteras o empresas.

Diversos analistas independientes suscriben esta apreciación.

“Podría sostenerse que la totalidad del mercado bursátil, en algún nivel, se ve influido por los comicios y sus desenlaces”, aseveró Joshua Mitts, catedrático de la Facultad de Derecho de Columbia cuya investigación se centra en el derecho societario y de valores.

Los funcionarios de Kalshi y Polymarket aseveran contar con salvaguardas contra el uso de información privilegiada, impuestas por el marco legal federal, concebidas para impedir, verbigracia, que los candidatos y sus respectivos equipos de campaña especulen con sus propias contiendas electorales.

El 31 de agosto, Kalshi reveló que había impuesto una suspensión trienal y una sanción pecuniaria a una aspirante al Congreso por Carolina del Norte, la republicana Laurie Buckhout, por haber transado en su propia carrera.

Kalshi, por su parte, sostiene que sus investigaciones demuestran una correlación robusta entre sus mercados y los desenlaces reales —así, los eventos que presentan una probabilidad del 60% se materializan en aproximadamente el 60% de las ocasiones—, y que cualquier intento de distorsionar dichas probabilidades queda neutralizado por aquellos operadores que obtienen beneficios al posicionarse en favor del resultado verídico.

No obstante, los mercados de predicción han sufrido reveses considerables a lo largo del presente año.

A modo de ilustración, en unas primarias para la gobernación de Wisconsin favorecieron de manera abrumadora a un candidato que finalmente resultó derrotado; las encuestas también erraron en dicha contienda.

Asimismo, en Los Ángeles, mientras se efectuaba el escrutinio de los sufragios para las primarias a la alcaldía, los influencers digitales acusaron a los funcionarios electorales de manipular el proceso para excluir al candidato republicano Spencer Pratt de la clasificación para la segunda vuelta, señalando las probabilidades del mercado que lo situaban como favorito para ocupar el segundo puesto.

En la actualidad, los estrados judiciales se hallan colmados de contenciosos en torno a si las entidades federativas ostentan la prerrogativa de regular los mercados de predicción, o de proscribirlos, al amparo de las legislaciones estatales sobre juegos de azar, las cuales, entre otras disposiciones, abarcan los casinos y las apuestas deportivas.

Casi la mitad de los estados han promulgado, asimismo, disposiciones estatutarias de amplio espectro que vedan las apuestas vinculadas a comicios, según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales; un corpus normativo concebido con el propósito de salvaguardar que el electorado emita su sufragio atendiendo a su valoración de la idoneidad de los candidatos, y no a la expectativa de lucro derivada del desenlace electoral.

Es harto improbable que los tribunales diriman el contencioso con antelación a los comicios, circunstancia que, de facto, garantiza que la actividad comercial se despliegue en plataformas como Kalshi y Polymarket a unos niveles sin precedentes en prácticamente la totalidad de las jurisdicciones estatales.

Se podrían negociar miles de millones de dólares en cuestiones tan dispares como si los demócratas lograrán arrebatar el control de la Cámara de Representantes o del Senado, o quién habrá de ocupar la gobernación de los estados más populosos.

En las oficinas electorales estatales y locales, los administradores están deliberando sobre la imperiosa necesidad de instruir proactivamente al público acerca de que las probabilidades de los mercados de predicción no son en modo alguno equivalentes a las encuestas ni a los escrutinios de votos.

Asimismo, se hallan inmersos en un profundo debate acerca de las tácticas mediante las cuales podrían hacer valer las normativas institucionales de su despacho para blindar la irreprochabilidad del proceso electoral.

En el condado de Delaware, enclavado en los suburbios de Filadelfia, el director electoral Jim Allen instó a la junta electoral a incorporar la participación en los mercados de predicción dentro del juramento estatal preceptivo, el cual obliga a que cada colegio electoral y cada funcionario comicial del condado jure abstenerse de realizar apuestas sobre los comicios.

DeMarinis, el administrador electoral de Maryland, expresó su firme propósito de conminar a la junta electoral estatal para que adopte una disposición de idéntica naturaleza, con vigencia uniforme en la totalidad del territorio estatal.

Una cuestión cardinal de cara a los comicios intermedios reside en dilucidar de qué manera los mercados predictivos podrían ser empleados —o, en su defecto, manipulados— como instrumento para favorecer a determinados candidatos.

Por ejemplo, los acaudalados simpatizantes, para quienes la pérdida pecuniaria resulta irrelevante, podrían inclinar las cuotas a favor de su candidato predilecto con la mira puesta en moldear la percepción pública.

Ciertos electores, al contemplar unas probabilidades adversas para su aspirante, podrían optar por la abstención en lugar de acudir a las urnas, según sostienen los analistas.

Los candidatos podrían señalar las probabilidades favorables, tal como harían con una encuesta, y explotarlas para recaudar fondos u obtener respaldos.

“Y de pronto, se erigen en el favorito, sin otra justificación que la apuesta colosal de un agente exógeno por ellos”, aseveró Ben Schiffrin, director de políticas de valores de Better Markets, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del interés público en los mercados financieros.

Eric Talley, catedrático de Derecho en la Universidad de Columbia y copresentador del pódcast *Beyond Unprecedented*, invocó la investigación del economista conductual Colin Camerer, según la cual la colocación de una apuesta cuantiosa en los prolegómenos de una carrera hípica inducía a otros a secundar la misma elección ecuestre, distorsionando temporalmente las cuotas antes de que estas se disiparan en la inmediatez del evento.

“Otros individuos reflexionaron: ‘Dios mío, esta gente está al tanto de algo que a mí se me escapa’, y acto seguido todos se lanzaron a respaldar al mismo equino”, manifestó Talley.

Ello constituyó “un correlato harto sugerente de la coyuntura que atravesamos en la actualidad”.

Tal ventaja resulta efímera, según afirman los responsables de los mercados de predicción.

Los operadores movidos por incentivos económicos se lanzarán en estampida sobre cualquier operación deficiente, conscientes de que pueden capitalizarla, y ello restituye las probabilidades al punto donde un mercado imparcial las fijaría de otro modo, sostienen.

“Si pretendes incidir en la formación de precios dentro de un mercado de elevada liquidez donde operan contrapartes institucionales de gran calibre, tu estrategia está abocada al fracaso.

El precio revertirá invariablemente a su punto de equilibrio, y el resultado no será otro que la erosión de tu capital”, declaró Rick Heaslip, asesor general de Kalshi.

Mitts, de Columbia, postuló que una eventualidad que podría suscitar inquietud entre los estados residiría en que un aspirante a un cargo estatal o local instigara al electorado a respaldarlo mediante un mercado de predicción, induciendo así a los ciudadanos a ejercer su sufragio guiados por el interés pecuniario.

Esa modalidad de táctica, presumiblemente, resultaría de una ejecución logística más factible en unos comicios de menor envergadura —pongamos por caso, unos cuyo desenlace pudiera dirimirse por un margen aproximado de un centenar de sufragios—, si bien la noción entraña un cariz ciertamente abstracto, habida cuenta de que el incentivo pecuniario habría de revestir una magnitud lo bastante considerable, aseveró Mitts.

No obstante, ello no deja de erigirse en un quebradero de cabeza de proporciones colosales para las autoridades.

Resulta comprensible que, desde la óptica de la salvaguarda de la integridad electoral, los Estados sostengan: “No deseamos que esta tipología contractual sea objeto de negociación alguna”, afirmó Mitts.

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