Senadores de ambos partidos indicaron el miércoles que han alcanzado un acuerdo bipartidista sobre una legislación destinada a acelerar las revisiones de permisos para nuevos proyectos de energía e infraestructura, los cuales enfrentan actualmente retrasos de años, mientras los legisladores buscan satisfacer la creciente demanda de electricidad y otras formas de energía.

Sus partidarios sostienen que el proyecto de ley abreviaría el arduo cronograma para poner en marcha grandes proyectos energéticos en un momento en que la demanda se incrementa a causa de la proliferación de centros de datos para la IA.

Asimismo, la norma garantizaría que los centros de datos se vean obligados a sufragar el aumento de electricidad que consumen y supondría un cambio significativo en una ley ambiental histórica que, a juicio de sus críticos, ralentiza el proceso de construcción de productos energéticos.

La senadora republicana por Virginia Occidental Shelley Moore Capito, presidenta del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, calificó el proyecto de ley como "un paso importante para hacer más rápido, más eficiente y más fácil construir proyectos de infraestructura" de todo tipo, a la vez que se mantenían importantes protecciones ambientales.

"El pueblo estadounidense nos envió aquí para hacer grandes cosas.

Esto es algo grande.

Es monumental y establece un legado", dijo Capito en una conferencia de prensa en el Capitolio donde estuvo acompañada por el senador republicano Mike Lee de Utah y los senadores demócratas Martin Heinrich de Nuevo México y Sheldon Whitehouse de Rhode Island.

Los cuatro senadores lideran los paneles de energía y medio ambiente de la cámara.

Heinrich afirmó que el proyecto de ley "significará más energía en la red, más empleos bien remunerados y menores costos de electricidad para familias y empresas.

Y a medida que los centros de datos impulsen la demanda de más energía, garantizará que paguen su parte justa de las mejoras de la red que requieren, en lugar de dejar esa factura a las familias estadounidenses".

Una votación sobre el proyecto de ley no se llevará a cabo hasta después de las elecciones de mitad de período, lo que refleja la difícil realidad política ante unos comicios inminentes que podrían cambiar el control partidista de ambas cámaras.

No obstante, el proyecto de ley constituye un raro caso de bipartidismo en la política energética del país, ya que legisladores de ambos partidos coinciden en la necesidad de construir nuevos proyectos energéticos de todo tipo.

Lee, quien preside el comité de energía, dijo que confía en que el proyecto de ley será aprobado en una sesión de lame-duck en noviembre, señalando su apoyo bipartidista y el respaldo de grupos empresariales y ambientales.

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Whitehouse, el demócrata de mayor rango en el panel de medio ambiente, también se mostró esperanzado, aunque señaló que los demócratas aún buscan claridad sobre cómo el proyecto de ley evitará que la administración del presidente Donald Trump bloquee proyectos de energía eólica y solar.

Él y Heinrich, el demócrata de mayor rango en el ámbito energético, han denunciado lo que tildan de "ataque imprudente y vengativo de Trump contra la energía eólica", que engloba acciones reiteradas para bloquear grandes proyectos eólicos en construcción frente a la costa este.

La administración suspendió cinco proyectos eólicos marinos en diciembre, alegando preocupaciones de seguridad nacional no especificadas.

Los proyectos consiguieron avanzar con posterioridad a la intervención de jueces federales.

Asimismo, un juez federal anuló la orden ejecutiva de Trump que bloqueaba proyectos de energía eólica al inicio de su segundo mandato.

La Casa Blanca no se pronunció de inmediato ante una solicitud de comentarios acerca del proyecto de ley de permisos.

La oposición de Trump a la energía eólica ha sido un obstáculo constante para un acuerdo sobre la reforma de permisos, que, según los demócratas, solo puede avanzar si la administración acepta permitir que proyectos previamente aprobados sigan adelante.

Recientemente, Trump ofreció flexibilizar la paralización que su administración había impuesto sobre proyectos de energía renovable, en parte con el fin de atraer a los demócratas para que aceptaran un acuerdo de permisos.

Whitehouse tildó la propuesta de razonable, si bien señaló que el problema de fondo continúa "sin resolverse".

Capito se manifestó confiada en que dichos obstáculos pueden ser superados.

Ambos partidos reconocen que durante demasiado tiempo, "Estados Unidos ha tenido un sistema de permisos repleto de retrasos, gastos, burocracia e incertidumbre", dijo.

"Demasiado tiempo, demasiado costoso.

Y hemos visto proyectos que deberían completarse más rápido (tomar) décadas" para finalizar.

El proyecto de ley del Senado restringiría los desafíos legales bajo la Ley Nacional de Política Ambiental, una ley ambiental fundamental que exige que las agencias federales consideren los posibles impactos ambientales de un proyecto antes de su aprobación.

La ley ha sido cada vez más señalada como culpable de estancar proyectos de todo tipo.

Los desafíos interpuestos en virtud de la Ley Nacional de Preservación Histórica también quedarían restringidos.

Dicha ley protege tesoros culturales de los nativos americanos y otros artefactos de relevancia.

El proyecto de ley facilitaría la ubicación de líneas de transmisión interestatales y reforzaría la potestad de la Comisión Federal Reguladora de Energía para examinar grandes proyectos a la vez que las revisiones estatales, lo que ayudaría a que los proyectos necesarios avancen más rápidamente por el proceso general de permisos.

El proyecto de ley también requeriría que los centros de datos pagaran todos los costos de transmisión asociados, evitando que dichos costos recayeran sobre las familias o las empresas.