Ante la amenaza latente de aranceles punitivos del 50% sobre las importaciones, orquestada por la administración Trump en respuesta a un persistente déficit comercial alimentado por el superávit europeo en el intercambio de bienes, la tecnocracia de la Unión Europea articula estrategias complejas para conjurar esta imposición. La controversia radica en la divergencia de criterios sobre el cálculo del balance comercial, pues la UE esgrime la preeminencia estadounidense en el sector de servicios digitales para contrarrestar el déficit en bienes. Como contrapartida para apaciguar las tensiones, Bruselas contempla medidas de calado, que abarcan desde el incremento sustancial de las importaciones de gas natural licuado estadounidense y el aumento del gasto en defensa mediante la adjudicación de contratos a empresas armamentísticas norteamericanas, hasta la controvertida reducción del gravamen del 10% sobre la importación de automóviles extranjeros. No obstante, persisten escollos insalvables en relación con las estrictas regulaciones europeas en materia agroalimentaria y la imposibilidad de armonizar los sistemas de Impuesto al Valor Añadido (IVA) que rigen en los distintos estados miembros. Los analistas económicos auguran que la materialización de estos aranceles draconianos acarrearía una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona de hasta un 1% en el ejercicio venidero, así como un desplome superior al 6% en la inversión empresarial, poniendo en jaque la estabilidad económica del bloque.