El lunes, las autoridades federales imputaron cargos contra más de dos docenas de extranjeros en California en el marco de una operación estatal dirigida contra aquellas personas que, según los funcionarios, se habrían inscrito y votado ilegalmente en elecciones de Estados Unidos.

Las detenciones se enmarcan en un esfuerzo de la administración Trump por erradicar el voto de no ciudadanos antes de las elecciones de medio mandato del próximo mes, si bien los datos evidencian que el problema es sumamente infrecuente, difícil de demostrar y no se ha comprobado que altere el resultado de las contiendas.

Asimismo, reflejan una nueva escalada en una pugna latente en torno a los padrones electorales entre el gobierno federal y California, que cobró relevancia la semana pasada cuando el Departamento de Justicia demandó al estado y acto seguido advirtió que los trabajadores electorales locales que procesen o tabulen a sabiendas boletas presentadas por votantes no ciudadanos se exponen a una investigación y a un posible enjuiciamiento.

El Departamento de Justicia informó de que las 28 personas acusadas en el marco de una operación denominada Operación Proteger el Voto son residentes permanentes legales —pero no ciudadanos estadounidenses a quienes se les permite votar legalmente—.

Se les imputan delitos que incluyen la realización de declaraciones falsas en una solicitud de naturalización y la presentación de registros electorales fraudulentos.

“Esto causa un daño real a elecciones reales y un daño real a ciudadanos estadounidenses”, dijo Trent McCotter, subfiscal general interino del Departamento de Justicia, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles para anunciar los cargos.

El gobierno federal ha convertido el voto de los no ciudadanos en una prioridad este año, al exigir a los estados información detallada sobre los votantes —incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social—.

Aunque algunos estados entregaron voluntariamente dicha información, el departamento demandó a 30 estados y al Distrito de Columbia para obtenerla —demandas que hasta ahora no han tenido éxito.

El Departamento de Justicia informó el lunes que ha imputado a 113 personas en 20 estados por delitos de voto ilegal y registro ilegal en las últimas semanas.

Con anterioridad había señalado que había acusado a unas 90 personas por diversos tipos de conducta electoral indebida en lo que va del año, incluidos 50 que presuntamente votaron en calidad de no ciudadanos.

Más de 227 millones de votantes estaban registrados en Estados Unidos durante la elección presidencial de 2024.

La operación del lunes involucró a las cuatro fiscalías federales de California en lo que el Departamento de Justicia pretendía que fuera una demostración de fuerza a nivel estatal.

Entre las docenas de personas detenidas se encontraba un hombre de 72 años originario de Belice, acusado de haber votado ilegalmente en cuatro elecciones.

Docenas de agentes federales se personaron en la calle sin salida residencial del hombre en Commerce, una pequeña ciudad del condado de Los Ángeles, con el fin de efectuar el arresto.

El hombre fue esposado en pijama y conducido bajo custodia federal al centro.

Otros salieron de la casa para observar y cuestionaron la cantidad de agentes fuertemente armados presentes para el arresto, así como la necesidad de las esposas.

Las detenciones fueron el episodio más reciente de una ráfaga de actividad en la fuertemente demócrata California, un estado que normalmente no se considera clave en disputa, pero que cuenta con un puñado de contiendas congresuales competitivas que podrían contribuir a determinar qué partido controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Más de 23 millones de personas están registradas en todo el estado.

La administración demandó la semana pasada a California para impedir que se cuenten las boletas por correo de personas a las que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos, hasta que se pueda confirmar su estatus migratorio.

La demanda se presentó después de que a funcionarios de California se les entregara —sin que lo cumplieran— un plazo de 48 horas para revisar una memoria USB protegida con contraseña que contenía una lista de 20.000 nombres.

El gobierno federal sostiene que probablemente se trata de no ciudadanos a quienes se enviaron boletas para participar en la elección del 3 de noviembre, si bien la secretaria de Estado señaló que la administración no ha aportado evidencia que respalde dicha afirmación.

El estado envía boletas por correo a todos los votantes registrados.

McCotter señaló que la cifra de 20.000 probablemente experimentaría un incremento.

«Eso no constituye sino el piso», afirmó.

En el marco de su demanda, el Departamento de Justicia presentó el lunes documentos en los que solicita una orden judicial que obligue a California a apartar las boletas de presuntos no ciudadanos y a verificar su estatus de ciudadanía, ya sea de forma independiente o en coordinación con el gobierno federal, antes de tabular su boleta por correo.

El Departamento de Justicia pidió que dicha orden se emitiera con la antelación suficiente para la elección del 3 de noviembre.

Sin esa orden, según afirmó el gobierno, “existe un riesgo significativo de que se diluyan los votos estadounidenses”.

Las solicitudes de comentarios que fueron remitidas el lunes a la secretaria de Estado, al fiscal general estatal y a la oficina del gobernador no obtuvieron respuesta de manera inmediata.

El viernes, el Departamento de Justicia envió una carta de seguimiento en la que advertía de que los funcionarios electorales estatales que procesen a sabiendas boletas emitidas por votantes no ciudadanos podrían ser objeto de investigación.

“Las consecuencias legales por facilitar o ignorar un delito federal son significativas.

El voto de no ciudadanos en una elección federal constituye un delito federal —y facilitar a sabiendas tal conducta es igualmente ilegal”, advierte la carta de McCotter.

Añade: “Si las personas tabulan a sabiendas boletas emitidas por individuos a los que las agencias federales han identificado como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”.

La carta se dirige a la oficina del asesor legal del condado de Los Ángeles y cuenta además con copia para la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, con lo que se pone efectivamente sobre aviso a todo el estado.

En respuesta a la carta, Logan afirmó que su oficina está centrada en garantizar una elección justa y segura, al tiempo que señaló que el día de los comicios se encuentra a tan solo 18 días de distancia.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha optado por litigar sus afirmaciones no verificadas sobre la elegibilidad para votar.

A estas alturas, lo más sensato es que esta cuestión se dirima en los tribunales”, dijo.