Ante la reactivación por parte del gobierno estadounidense del cobro de deudas derivadas del impago de préstamos estudiantiles, millones de ciudadanos norteamericanos se enfrentan a un deterioro drástico de su solvencia crediticia, toda vez que, transcurridos 90 días de incumplimiento, los proveedores de servicios crediticios estudiantiles notifican la morosidad a las principales agencias de calificación, con el consiguiente impacto negativo en el historial crediticio, equiparable, en su severidad, a la declaración de quiebra personal.

Esta coyuntura podría exacerbar las dificultades o los costes asociados a la obtención de créditos para la adquisición de vehículos, la formalización de hipotecas, la contratación de tarjetas de crédito y el acceso a otros instrumentos financieros, tal y como atestigua el informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que revela que, durante el primer trimestre de 2025, más de tres millones de prestatarios estudiantiles experimentaron una merma sustancial en sus calificaciones crediticias, situación agravada por la moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles federales decretada por el Departamento de Educación estadounidense en marzo de 2020 a raíz de la pandemia, cuya reactivación en 2023, con un periodo de gracia de un año, se vio ulteriormente comprometida por la decisión de la administración Trump de reactivar, a finales de 2024, los procedimientos de cobro relativos a los créditos educativos pendientes.