En un contencioso de gran envergadura, veintisiete estados, aunados al Distrito de Columbia, han interpuesto una demanda contra 23andMe, baluarte del sector de análisis genómico, buscando impedir la enajenación de datos genéticos de índole personal sin la aquiescencia explícita del cliente, una acción legal que emerge como corolario a la pretensión de una corporación biotecnológica de absorber a la aludida empresa, actualmente inmersa en severas dificultades financieras. En un comunicado de prensa, el Fiscal General de Oregón, Dan Rayfield, esgrimió que la información en litigio, que comprende muestras biológicas, información inherente al ADN, rasgos sindrómicos relacionados con la salud y exhaustivos registros clínicos, no debería ser objeto de transacción comercial alguna sin mediar el consentimiento informado, inequívoco e individualizado de cada sujeto concernido; 23andMe, constituida en 2006, facilita a sus usuarios kits de pruebas de ADN basadas en análisis salival con el propósito de elucidar su ascendencia genética y establecer vínculos con parientes lejanos, si bien la empresa ha adolecido de la consecución de un modelo de negocio sostenible desde su oferta pública inicial en 2021, viéndose compelida, en marzo, a la rescisión contractual del 40% de su plantilla y a acogerse a la protección concursal estipulada en el Capítulo 11, en contraste con Regeneron Pharmaceuticals, que proyecta la adquisición de la compañía por 256 millones de dólares, comprometiéndose, a su vez, a la observancia escrupulosa de las políticas de privacidad de 23andMe y al acatamiento irrestricto de la legislación aplicable, habiéndose encomendado a un defensor independiente de la privacidad del consumidor la tarea de escrutar la venta propuesta y sus potenciales derivaciones en la esfera de la privacidad de los consumidores.