El lunes, el Tribunal Supremo autorizó a la administración Trump a reanudar las deportaciones aceleradas de migrantes a países que no eran los suyos, suspendiendo provisionalmente una orden judicial que exigía darles la oportunidad de impugnar dichas deportaciones.

Si bien la mayoría de los magistrados del tribunal supremo no expusieron sus fundamentos en la concisa resolución, la jueza Sonia Sotomayor, en compañía de las otras dos juezas de tendencia liberal, expresó una enérgica objeción.

Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dio a entender que las deportaciones a otros países podrían empezar de nuevo pronto. En un comunicado, pidió que se "pongan en marcha los aviones de deportación" y describió la decisión como "una gran ayuda para la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses".

No obstante, un juez dictaminó que un vuelo de deportación, que en principio iba a Sudán del Sur, no se realizaría de inmediato.

Los inmigrantes que iban en el vuelo de mayo, procedentes de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, habían sido condenados por delitos graves en Estados Unidos. Las autoridades de inmigración tuvieron dificultades para devolverlos rápidamente a sus países, en parte por las complicadas relaciones con esas naciones.

Su abogada, Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, afirmó que si son enviados a Sudán del Sur, corren el riesgo de ser encarcelados, torturados o incluso de morir.

El juez de distrito estadounidense Brian E. Murphy, en Boston, confirmó que una decisión anterior que les permitía presentar estas quejas en el tribunal sigue siendo válida, a pesar de que los inmigrantes fueron enviados a una base naval en Yibuti.

Este caso surge en medio de una gran campaña contra la inmigración por parte del gobierno republicano del presidente Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la Constitución y el Congreso han dado al Presidente la capacidad de aplicar las leyes de inmigración y de expulsar del país a los extranjeros que son peligrosos. La decisión de la Corte Suprema, añadió, "confirma la autoridad del Presidente para deportar a los inmigrantes sin documentos que han cometido delitos, lo que ayuda a que Estados Unidos sea más seguro".

En su disidencia de diecinueve páginas, Sotomayor argumentó que la acción del tribunal expone a "miles de personas al riesgo de tortura o muerte", lo cual favorece a la administración Trump, a pesar de que esta ya había desobedecido una orden previa de un tribunal inferior.

En su opinión disidente, respaldada por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, ella indicó que el gobierno ha evidenciado, tanto con sus afirmaciones como con sus actos, que se considera con plena autonomía para deportar a cualquier individuo a cualquier destino sin notificación previa ni la posibilidad de ser oído.

Sudán del Sur, el país más joven y uno de los más pobres del mundo, ha sufrido repetidos episodios de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011, y el aumento de las tensiones políticas en la nación africana amenaza con provocar otra guerra civil.

El Departamento de Justicia mencionó en documentos judiciales que el gobierno está considerando la orden para decidir qué hacer a continuación.

La decisión del Tribunal Supremo frena la orden de abril del juez Murphy, que daba a los inmigrantes la opción de decir que ser deportados a otro país los pondría en peligro, aunque ya hubieran usado todos sus recursos legales.

Al descubrir que las deportaciones de mayo a Sudán del Sur iban en contra de su orden, él instruyó a las autoridades de inmigración que permitieran a las personas presentar esas preocupaciones a través de sus abogados. Las autoridades de inmigración alojaron a los migrantes en un contenedor de envío adaptado en Yibuti, donde tanto ellos como los oficiales que los custodiaban tuvieron que soportar condiciones difíciles.

Ante la negativa de algunos países a aceptar a sus ciudadanos deportados de EE. UU., la administración ha logrado acuerdos con naciones como Panamá y Costa Rica para recibir a estos migrantes. Sotomayor mencionó, por ejemplo, que los migrantes enviados a Sudán del Sur en mayo fueron avisados con menos de 16 horas de antelación.

La orden del juez Murphy, nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, no prohibía completamente las deportaciones a terceros países. Sin embargo, estableció que los migrantes deben tener una oportunidad real de demostrar que podrían correr un grave peligro de tortura si son enviados a otra nación.

Otra decisión en el mismo caso obligó a la administración Trump a traer de vuelta a un hombre gay guatemalteco que había sido deportado por error a México, donde él afirma que fue violado y extorsionado. Este fue el primer caso conocido de una persona que regresó a la custodia de EE. UU. después de ser deportada desde que comenzó el segundo mandato de Trump.

Los jueces se encontraron con un caso parecido en el intento de Trump de enviar a venezolanos, acusados de pertenecer a pandillas, a una prisión conocida en El Salvador, lo que les daba pocas oportunidades de oponerse a las deportaciones en los tribunales.

No obstante, en esa situación, los jueces detuvieron las deportaciones basándose en una ley de guerra del siglo XVIII, argumentando que los migrantes deben tener un "tiempo razonable" para presentar una objeción legal antes de ser expulsados.

El tribunal, con una mayoría conservadora, ha apoyado a Trump en otros asuntos de inmigración, lo que ha facilitado que su gobierno elimine las protecciones legales temporales que afectan a casi un millón de inmigrantes.