Según fuentes familiarizadas con la iniciativa, al delinear una propuesta de "pool coverage" innovadora para entornos acotados como la Oficina Oval y el Air Force One, la Administración Presidencial ha estipulado que, en última instancia, conferirá a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, la potestad decisoria final respecto a la acreditación de los periodistas facultados para interpelar al Mandatario.

La Casa Blanca declinó pronunciarse sobre las consultas elevadas en el transcurso de la tarde del martes.

La semana pasada, un magistrado federal dictaminó que la Casa Blanca había sancionado de forma improcedente a la Associated Press por rehusarse a denominar el Golfo de México de otro modo, denegando así a sus reporteros y fotógrafos el acceso a la cobertura de eventos; por tanto, el juez de distrito estadounidense Trevor N. McFadden conminó a la administración a dispensar a la AP un trato análogo al de otras organizaciones de noticias.

Postular a ultranza las directrices emanadas de McFadden para, seguidamente, conculcar el veto del AP en el contexto del cónclave entre Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el Salón Oval, devino en la subsiguiente filtración, por parte de la Casa Blanca, de un novísimo dictamen a periodistas conspicuos.

A lo largo de los años, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha orquestado la asignación de plazas para eventos con aforos restringidos, integrando recurrentemente a los corresponsales de las agencias de noticias AP, Reuters y Bloomberg, y permitiendo, además, la asistencia de un único representante de la prensa escrita, cuya selección se ha llevado a cabo mediante un sistema rotatorio entre más de una treintena de cabeceras.

La Casa Blanca ha anunciado que consolidará los tres principales servicios de noticias con los corresponsales de prensa escrita en dos ubicaciones, lo que implicará que un contingente de aproximadamente tres docenas de periodistas se turne en dichos espacios asignados. Los servicios informativos, por su naturaleza, se dedican a la recopilación y elaboración de contenidos noticiosos destinados a su difusión a escala nacional e internacional.

Aun con el reajuste, la Casa Blanca declaró que la secretaria de prensa de Trump "conservará la prerrogativa cotidiana de discernir la constitución del contingente", añadiendo la nueva directriz que el acceso a los reporteros se permitirá "sin perjuicio de la perspectiva sustantiva manifestada por una tribuna mediática".

En una alocución, Lauren Easton, de la Associated Press, manifestó la profunda decepción del medio ante la imposición de cortapisas a la totalidad de los servicios noticiosos, a contrapelo de la restauración del acceso vedado a la AP por la Casa Blanca.

«Los servicios informativos de agencias noticiosas aglutinan a miríadas de entidades periodísticas a lo largo y ancho de Estados Unidos y el orbe», aseveró Easton, portavoz de AP. «Nuestra cobertura es empleada por rotativos provinciales y emisoras televisivas en la cincuentena de estados para acrisolar la información destinada a sus colectividades.

«Las acciones de la administración continúan desatendiendo la prerrogativa fundamental de la libertad de expresión en Estados Unidos, inmune a la injerencia o retaliación gubernamental», afirmó Easton el martes por la noche.

La White House Correspondents’ Association (WHCA), entidad autónoma y de reconocido prestigio, aseveró que la pertinacia gubernamental en tutelar la adscripción de la cobertura presidencial paladinamente revela una renuencia a cohonestar la no perpetuación de la «discriminación basada en el punto de vista».

«El ejecutivo no debería arrogarse la facultad de censurar a los medios independientes que se hacen eco de sus actuaciones», articuló Eugene Daniels, presidente de la corporación.

Bajo la égida de Leavitt, la Casa Blanca ha franqueado un acceso privilegiado a medios de comunicación alineados con la narrativa trumpista, cuya apoteosis se materializó el martes, cuando el primer reportero interpelado por Leavitt en rueda de prensa formuló un dúo de interpelaciones envueltas en un panegírico a la política presidencial.

En la reunión del lunes en la Oficina Oval, el temple de Trump se vio visiblemente alterado ante las incisivas interpelaciones de Kaitlan Collins de CNN relativas a un individuo deportado a un presidio en El Salvador, culminando en un momento dado en una acerba imputación a CNN de "abominar de nuestro país." Explicitó su desagrado al contraponer sus indagaciones a una interrogación más anodina formulada por otro reportero.

Pese a los escarceos intermitentes, la ubicuidad mediática de Trump ha superado con creces la de su predecesor, el expresidente Joe Biden; predilecto de los cónclaves en entornos constreñidos, ergo la Oficina Oval, la reciente normativa de acceso reviste un cariz aún más relevante si cabe.

La flamante directriz, develada el martes, omitió cualquier consideración en torno al acceso de los fotógrafos; cabe recordar que, en una precedente diligencia judicial sobre el contencioso de la AP, tanto Evan Vucci, fotorreportero sénior de la agencia en la Casa Blanca, como el corresponsal Zeke Miller, depusieron acerca de las repercusiones de la interdicción en el quehacer de un ente informativo cuya razón de ser estriba en la celeridad de la difusión de noticias e iconografía para su clientela.

La querella halla su génesis en el contundente rechazo de la AP a acatar la directriz presidencial de renombrar el Golfo de México, a pesar de que el corpus estilístico de la agencia documenta la voluntad de Trump de que se designe el Golfo de América. El juez McFadden se adhirió al razonamiento de la AP, arguyendo que el Ejecutivo carece de potestad para imponer sanciones a la entidad noticiosa en virtud de su discurso, toda vez que este constituye un ejercicio irrestricto de su inalienable derecho a la libertad de expresión.

La Casa Blanca ha argüido que la presencia mediática ante el Presidente constituye un privilegio, no un derecho, que debe ser administrado, al igual que Trump discrecionalmente otorga entrevistas personales. En los escritos judiciales presentados el pasado fin de semana, su defensa legal señaló que, incluso tras el dictamen de McFadden, la era del acceso irrestricto del AP a los actos presidenciales de carácter abierto había caducado.

«Ninguna otra organización mediática en los Estados Unidos goza del nivel de acceso privilegiado precedentemente conferido a la AP», adujo la administración. «Aunque la AP pueda haberse habituado a su estatus de preeminencia, la Constitución no exige que dicha prerrogativa se perpetúe sine die.»

La administración ha interpuesto recurso contra el fallo de McFadden, cuya suspensión cautelar se solicitará ante el tribunal de apelación el jueves, a la espera de una dilucidación exhaustiva del fondo del asunto, potencialmente culminando en un pronunciamiento del Tribunal Supremo de los EE. UU.

La administración no ha coartado el acceso de la agencia de noticias a las ruedas de prensa de Leavitt durante el último bimestre; sin embargo, sí ha vedado la entrada a eventos en la Sala Este a los corresponsales de la agencia con credencial de la Casa Blanca, hasta el martes, momento en que se franqueó el acceso a un acto que involucró al conjunto de fútbol americano de la Marina.