En un revés para la administración Trump, un magistrado federal del distrito de Massachusetts asestó un golpe demoledor a la reforma electoral impulsada por el expresidente, al fallar en favor de un consorcio de fiscales generales demócratas que impugnaron la constitucionalidad de la medida, desmantelando así los pilares de una orden ejecutiva que, desde marzo, pretendía imponer la prueba irrefutable de ciudadanía como requisito sine qua non para el registro de votantes, restringir la validez de las papeletas enviadas por correo a aquellas recibidas antes del cierre de los colegios electorales y, en una maniobra coercitiva, supeditar la asignación de fondos federales al estricto cumplimiento de estos plazos, todo ello bajo la justificación, esgrimida por la Casa Blanca, de salvaguardar la pureza y legitimidad del sufragio. No obstante, la jueza Denise J. Casper, invocando la primacía constitucional, desestimó tales argumentos al dictaminar la manifiesta probabilidad de éxito de los recursos presentados por los estados, al tiempo que invalidó la disposición que obligaba al escrutinio exclusivo de las papeletas recibidas en la fecha señalada, sumiendo a la controvertida orden ejecutiva en un nuevo varapalo judicial, tras el bloqueo parcial previamente decretado por un juez en Washington D.C., evidenciando así la fragilidad jurídica de la estrategia electoral del entonces mandatario.