El lunes, la Corte Suprema permitió que el gobierno de Trump pudiera deportar rápidamente a los migrantes a otros países. Por ahora, se quitó una orden judicial que pedía que los migrantes tuvieran la oportunidad de defenderse de la deportación.

La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo no explicaron por qué tomaron esa decisión en un comunicado breve. La jueza Sonia Sotomayor, junto con las otras dos juezas liberales, expresó su fuerte desacuerdo.

Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que las deportaciones a otros países podrían empezar de nuevo pronto. En un comunicado, ella dijo: "Preparen los aviones para las deportaciones", y añadió que era "una victoria para la seguridad y protección de los ciudadanos de Estados Unidos".

Sin embargo, un juez dijo que un vuelo para deportar personas a Sudán del Sur no terminaría el viaje de inmediato.

Los inmigrantes que llegaron en el vuelo de mayo eran de países como Myanmar, Vietnam y Cuba. Habían cometido delitos graves en Estados Unidos, y las autoridades de inmigración dijeron que no podían enviarlos de vuelta a sus países tan rápido.

Su abogada, Trina Realmuto, directora de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, afirmó que se enfrentan a la posibilidad de ir a la cárcel, ser torturados o incluso morir si son enviados a Sudán del Sur.

El juez Brian E. Murphy de Boston dijo que la decisión anterior, que les permitía hablar de sus preocupaciones en la corte, todavía es válida. Esto es así a pesar de que los inmigrantes han sido enviados a una base naval en Yibuti.

Este caso ocurre mientras el gobierno de Donald Trump está siendo más estricto con la inmigración, y ha dicho que va a deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos.

Abigail Jackson, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que la Constitución y el Congreso le han dado al Presidente el poder de aplicar las leyes de inmigración y de expulsar a los extranjeros que son peligrosos. También añadió que la decisión de la Corte Suprema "confirma que el Presidente puede expulsar del país a los inmigrantes que han cometido delitos, haciendo que Estados Unidos sea un lugar más seguro".

En su opinión de 19 páginas, la jueza Sotomayor escribió que la decisión del tribunal pone a "miles de personas en riesgo de tortura o muerte". Además, dijo que esto ayuda a la administración Trump, a pesar de que ya había ignorado una orden de un tribunal inferior.

En su opinión en desacuerdo, que apoyaron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, ella escribió que el gobierno ha demostrado con sus acciones y palabras que cree que puede deportar a cualquier persona a cualquier lugar sin avisarles ni darles la oportunidad de ser escuchados.

Sudán del Sur, el país más nuevo y uno de los más pobres del mundo, ha sufrido mucha violencia desde que se independizó de Sudán en 2011. Ahora, las tensiones políticas en el país africano han aumentado y podrían causar otra guerra civil.

El Departamento de Justicia dijo en documentos de la corte que el gobierno está pensando en la orden para decidir sus próximos pasos.

La Corte Suprema ha suspendido la orden de abril del juez Murphy. Esta orden permitía a los inmigrantes argumentar que la deportación a otro país los pondría en peligro, incluso si ya habían usado todas sus opciones legales.

Él se dio cuenta de que las deportaciones de mayo a Sudán del Sur no seguían su orden, así que pidió a los funcionarios de inmigración que permitieran a las personas hablar de sus problemas con sus abogados. Las autoridades de inmigración pusieron a los migrantes en un contenedor en Yibuti, donde ellos y los oficiales que los cuidaban tuvieron que soportar condiciones difíciles.

El gobierno ha hecho acuerdos con países como Panamá y Costa Rica para aceptar a los inmigrantes, porque algunos países no quieren a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos. Sotomayor escribió que los migrantes enviados a Sudán del Sur en mayo recibieron un aviso con menos de 16 horas.

La decisión de Murphy, quien fue nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, no prohibía que se deportara a las personas a otros países. Sin embargo, él consideró que los migrantes deben tener una oportunidad real de explicar que podrían sufrir tortura si son enviados a otro país.

Debido a otra orden judicial, el gobierno de Trump permitió que un hombre gay de Guatemala, que había sido deportado por error a México, regresara. Él dice que fue agredido sexualmente y extorsionado allí. Este es el primer caso conocido de alguien que ha vuelto a estar bajo la custodia de Estados Unidos después de ser deportado, desde que Trump empezó su segundo mandato.

Los jueces tuvieron un caso parecido cuando Trump intentó enviar a venezolanos, acusados de ser de pandillas, a una cárcel conocida en El Salvador, sin que tuvieran muchas oportunidades de defenderse legalmente.

Pero en ese caso, los jueces detuvieron las deportaciones basándose en una ley de guerra del siglo XVIII. Explicaron que los migrantes deben tener un "tiempo razonable" para presentar una objeción legal antes de ser expulsados.

El tribunal, que tiene una mayoría conservadora, ha apoyado a Trump en otros casos de inmigración. Esto ha facilitado que su gobierno elimine las protecciones legales temporales que afectan a casi un millón de inmigrantes.