El gobernador de California pidió a las ciudades y condados del estado que prohibieran los campamentos de personas sin hogar esta semana. Incluso dio un ejemplo de ley para quitar las tiendas de campaña que hay en las calles, parques y cerca de los ríos en gran parte del estado.

El gobernador Gavin Newsom, demócrata, elevó la problemática de la indigencia a una prioridad en su administración al asumir el cargo en 2019. Anteriormente, el tema recaía principalmente en alcaldes y funcionarios locales; sin embargo, Newsom asignó fondos para transformar antiguos moteles en viviendas y emprendió otras iniciativas para paliar la situación.

A pesar de esto, ha pedido muchas veces a las ciudades y condados que colaboren, y el lunes presentó un documento con ideas que los gobiernos locales pueden usar para quitar los campamentos. Aquí tienes la información importante:

¿Qué estipula el proyecto de ordenanza tipo?

El modelo de ordenanza propuesto por Newsom incorpora vetos tanto al "acampe prolongado" en un mismo emplazamiento como a la instalación de tiendas que obstruyan vías peatonales y demás zonas de acceso público. Estipula que las localidades y las diputaciones informen previamente y se esmeren en hallar y ofrecer cobijo antes de proceder al desmantelamiento de un campamento.

¿Cuál es el posicionamiento de las administraciones locales al respecto?

Organizaciones que representan a las ciudades y condados de California no estuvieron de acuerdo con la idea de que son responsables de las condiciones de las calles. Dicen que necesitan dinero específico y continuo por varios años para proyectos que duren, en lugar de dinero que llega de vez en cuando y por una sola vez.

Carolyn Coleman, directora ejecutiva y CEO de la League of California Cities, dijo que en ocho de cada diez ciudades hay reglas para manejar los campamentos, pero se necesita dinero para solucionar las razones principales de la falta de vivienda, como la necesidad de tener más casas.

La Asociación Estatal de Condados de California sostiene que la asignación estatal de recursos para la problemática de la indigencia no se corresponde con las cifras divulgadas y que el 50% de dichos fondos se ha canalizado hacia promotores inmobiliarios.

¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por quienes abogan por los derechos de las personas sin hogar?

Según Alex Visotzky de la National Alliance to End Homelessness, investigaciones han revelado que la penalización de campamentos y otras disposiciones punitivas obstaculizan significativamente la capacidad de las personas para asegurar un hogar fijo y empleo.

Esta situación puede llevar a la pérdida de documentos esenciales o a la interrupción del contacto con un trabajador social de referencia, lo que implica tener que reiniciar el proceso desde el principio.

En Los Ángeles, Jay Joshua supervisa un modesto asentamiento donde también cohabita, subrayando que estas comunidades pueden constituir un entorno de resguardo para sus habitantes.

¿Qué medidas están implementando las ciudades californianas para abordar la proliferación de campamentos informales?

Las grandes ciudades con alcaldes demócratas ya han empezado a tomar medidas fuertes contra los campamentos, diciendo que son un riesgo para la salud y la seguridad de todos.

En San Francisco, el recién electo alcalde, Daniel Lurie, ha manifestado su firme determinación de sanear las vías públicas de la ciudad, mientras que en San José, el alcalde Matt Mahan ha planteado la posibilidad de detenciones para aquellos individuos que rechacen la oferta de un albergue en tres oportunidades distintas.

¿Es imperativo que las urbes y demarcaciones lo asuman?

Newsom no tiene la autoridad legal para forzar a las ciudades y condados a poner una prohibición de campamentos.

Sin embargo, la ley propuesta sobre los campamentos vino con el anuncio de 3.300 millones de dólares en ayudas para centros de tratamiento de problemas de salud mental y adicciones, dando a entender que el dinero del estado podría depender de que se cumplan las nuevas reglas.

En 2022, retuvo mil millones de dólares de fondos estatales destinados a los gobiernos locales, arguyendo que sus estrategias para paliar el problema de la indigencia no cumplían los criterios exigidos.