Detainees at an ICE facility in Texas report systematic beatings and human rights violations.
July 16th, 2026
Detainees at an ICE facility in Texas report systematic beatings and human rights violations.
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Conforme a un reciente informe emitido por defensores legales y de derechos humanos, decenas de individuos recluidos en una vasta instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas aseveran haber sido agredidos físicamente por guardias, o haber presenciado cómo estos infligían golpes a otros internos.
El informe de 84 páginas, emitido de manera conjunta el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señala asimismo que los hombres y mujeres recluidos en el Campamento East Montana, ubicado en el Fuerte Bliss del Ejército estadounidense en El Paso, relataron habérseles denegado la atención médica necesaria, habérseles obligado a subsistir en condiciones insalubres y habérseles suministrado alimentos incomestibles.
Los detenidos manifestaron igualmente que se les impidió contactar con sus abogados o familiares.
De los 71 detenidos contactados durante un período de cinco meses, 64 — aproximadamente el 90% de los entrevistados — manifestaron haber sido víctimas de agresiones directas por parte del personal o haber presenciado maltratos físicos infligidos a otros reclusos, según reza el informe.
“El Camp East Montana del ICE constituye una flagrante violación de los derechos humanos”, aseveró Angélica César, investigadora de Human Rights Watch y la ACLU, quien fungió como investigadora principal del informe.
“El gobierno de los Estados Unidos debería clausurarlo, llevar a cabo indagaciones independientes sobre la totalidad de los abusos y fallecimientos ocurridos bajo custodia, y cesar las deportaciones masivas y la detención migratoria obligatoria”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en el que aseveró que las denuncias sobre condiciones inhumanas en su campamento de tiendas de campaña en el desierto eran “categóricamente falsas”, que ningún detenido está siendo golpeado o maltratado, y que “ICE toma en serio la salud y seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia”.
Las nuevas narrativas sobre la violencia y las precarias condiciones de vida en el Camp East Montana son congruentes con los reportes previos de Reporteros y otras fuentes.
Al menos tres individuos detenidos en dicha instalación desde su apertura en agosto han fallecido, entre ellos un migrante cubano de 55 años que, esposado, dejó de respirar a principios de este año tras ser sometido por los guardias.
Un médico forense local determinó ulteriormente que dicho deceso constituía un homicidio, y un informe federal emitido el mes pasado señaló que las pruebas del caso se hallaban “perdidas o destruidas”.
Dicho informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) constató que la gestión negligente del DHS había generado condiciones inseguras que coadyuvaron a los fallecimientos y al padecimiento de los detenidos, incluso mientras millones de dólares de los contribuyentes, dilapidados, enriquecían a contratistas.
En marzo, ICE sustituyó a Acquisition Logistics, LLC, el contratista principal que el año anterior había obtenido un acuerdo valorado en hasta 1.300 millones de dólares para la construcción y gestión del campamento, concebido originalmente para albergar hasta 5.000 personas.
La empresa virginiana carecía de experiencia previa en la administración de un centro de detención de ICE, jamás había conseguido un contrato federal que superara los 16 millones de dólares y no disponía de un sitio web operativo.
El cambio se materializó cuando una auditoría interna del ICE sacó a la luz 49 deficiencias, definidas como quebrantamientos de los estándares o políticas de detención, en ámbitos que abarcan desde el uso de la fuerza y las restricciones hasta la seguridad y la atención médica.
Pese al relevo de los contratistas, las entrevistas realizadas por Human Rights Watch y la ACLU, llevadas a cabo incluso el mes pasado, pusieron de manifiesto que las graves deficiencias en el campamento persisten.
Según el informe, los detenidos describieron condiciones de vida degradantes e inhumanas que abarcaban desde letrinas cubiertas de excrementos hasta alojamientos anegados, así como la carencia absoluta de jabón y otros artículos de higiene básica.
Asimismo, manifestaron haber permanecido confinados en espacios cerrados durante semanas, sin acceso significativo a esparcimiento, luz solar o aire fresco.
Los individuos refirieron asimismo haber recibido alimentos en estado de putrefacción y una programación de las comidas harto irregular, con intervalos de hasta doce horas entre estas.
El informe refiere que los detenidos manifestaron que los guardias propinaban golpizas a los reclusos como represalia por huelgas de hambre, solicitudes de atención médica y quejas sobre las condiciones de reclusión.
Múltiples individuos aseveraron que los custodios imponían castigos colectivos, agrediendo a numerosas personas tras acusar a un detenido de infringir las normas, según reza el informe.
Los investigadores constataron que el personal ejercía presión y coacción sobre los detenidos para que desistieran de sus solicitudes migratorias y aceptaran la remoción a terceros países en caso de que no pudieran ser repatriados a su país de origen.
Los detenidos manifestaron haber sido objeto de amenazas de violencia, procesamiento penal y reclusión indefinida si se oponían a la deportación.
En determinados casos, el informe concluyó que las circunstancias de la detención por parte del ICE podrían equipararse a desapariciones forzadas, lo que constituiría una potencial transgresión del derecho internacional de los derechos humanos.
Human Rights Watch y la ACLU instaron a la administración Trump a clausurar el Campamento East Montana y a permitir la realización de investigaciones independientes sobre fallecimientos bajo custodia, el uso desproporcionado de la fuerza, la negligencia médica y las desapariciones forzadas.
“Los abusos documentados en Fort Bliss constituyen el resultado predecible de la agenda de deportación masiva de la administración Trump, su brutal expansión de la detención migratoria y la erosión de los mecanismos federales de supervisión”, aseveró César, la investigadora principal.
“Las personas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y protegidos de daños”.
July 16th, 2026
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