Un colectivo de veintiséis exempleados de Meta ha interpuesto una demanda contra la compañía, arguyendo que esta implementó sistemas de inteligencia artificial para determinar los despidos, lo cual perjudicó de manera desproporcionada a aquellos que se hallaban disfrutando de licencias médicas, parentales o familiares.

Se hallan entre los 8.000 empleados, aproximadamente el 10 % de su fuerza laboral, que Meta anunció que despediría en mayo.

La demanda, interpuesta el lunes por la noche ante un tribunal federal en Oakland, California, sostiene que la compañía recurrió a sistemas internos de inteligencia artificial, datos de monitoreo de actividad y tecleo, tableros de uso de tokens de IA y clasificaciones de rendimiento asistidas por algoritmos, entre otros métodos, para determinar quiénes serían despedidos.

Numerosas de estas puntuaciones y calificaciones, "por diseño, no pueden ser acumuladas por un empleado que se encuentra en licencia médica o familiar protegida, o cuyo rendimiento se ve mermado por una discapacidad", sostiene la demanda.

Según la misma, Meta no consideró la licencia protegida al evaluar las puntuaciones de los empleados y "no interrumpió el sistema para la revisión individualizada y neutral en cuanto a licencia y adaptación que exige la legislación".

Como consecuencia, los empleados que disfrutaban de licencias médicas o familiares protegidas fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, según alega la demanda.

Cada uno de los 26 empleados anónimos mencionados en la demanda había hecho uso de una licencia protegida, o bien había solicitado o recibido una adaptación razonable por discapacidad.

Si bien ya han sido notificados de su cese, los 26 continúan siendo empleados de Meta, con las separaciones programadas para comenzar el 22 de julio.

Numerosos empleados incluidos en la demanda hicieron uso de licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, períodos durante los cuales, al no prestar servicios, su rendimiento medido se vio artificialmente reducido.

Algunos se acogieron a bajas médicas; uno de ellos reveló una "condición de salud grave y discapacidad" que fue certificada por el propio proveedor de Meta.

No obstante, según la demanda, dicho empleado fue "desanimado y disuadido de tomar esa licencia por un gerente", quien advirtió que hacerlo conllevaría su selección para los despidos anticipados.

La demanda sostiene que Meta no ofreció adaptación alguna para su discapacidad.

Meta declaró en un comunicado que dichas alegaciones "carecen de todo fundamento y no se sustentan en hechos verificables.

La gestión de la plantilla laboral y las decisiones de índole organizativa fueron y son adoptadas por seres humanos, no por inteligencia artificial".

Aproximadamente la mitad de los demandantes se habían acogido a una excedencia por motivos asistenciales o relacionados con la gestación.

Ocho son mujeres que disfrutaron de una excedencia por maternidad o vinculada al embarazo, cuatro son varones que hicieron uso de una excedencia parental, y una es una mujer que primero se benefició de una excedencia para el cuidado de un familiar y, ulteriormente, de una excedencia por duelo.

La demanda alega que los despidos transgredieron múltiples disposiciones legales tanto estatales como federales, en particular la Ley de Licencia Familiar y Médica, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Discriminación por Embarazo y la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas.

La queja alude asimismo a la "responsabilidad por impacto desproporcionado", un concepto de derechos civiles de larga data que la administración del presidente Donald Trump impulsó su abandono.

El impacto desproporcionado, codificado en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, sostiene que las políticas o prácticas aparentemente neutrales pueden resultar discriminatorias si perjudican desproporcionadamente a una clase protegida de trabajadores y no son indispensables para el desempeño laboral.

La administración Trump ha instruido a las agencias federales que despriorice la aplicación de la responsabilidad por impacto desproporcionado, arguyendo que su uso socava la "meritocracia" y fomenta la presunción de que cualquier desequilibrio racial o de género en una fuerza laboral es producto de discriminación.

Esta directriz ha llevado a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo a desistir de litigar casos de discriminación en representación de ciertos trabajadores.

No obstante, la demanda contra Meta subraya que las empresas continúan siendo susceptibles a litigios por impacto desproporcionado en la era de la inteligencia artificial, pese a los esfuerzos de la administración Trump por erradicar su aplicación.

Los trabajadores aún conservan la facultad de interponer tales demandas de forma autónoma si la EEOC desestima sus reclamaciones, y diversas legislaciones estatales prohíben explícitamente la discriminación por impacto desproporcionado.

En el litigio contra Meta, los letrados de la parte demandante sostuvieron que el "proceso de selección asistido algorítmicamente de la empresa, al registrar sistemáticamente tales ausencias como rendimiento reducido, afecta más a las mujeres que a los hombres".

Esto se debe a que las mujeres se acogen de manera desproporcionada a licencias por embarazo y cuidado, según los abogados.

La demanda invoca la prohibición del Título VII sobre prácticas laborales que generan un impacto desproporcionado, así como un fallo histórico de la Corte Suprema de 1971 que consagró dicha doctrina.

Los letrados de la parte actora manifestaron en un comunicado que la demanda persigue un único objetivo: salvaguardar el statu quo para mantener a los trabajadores en activo mientras se resuelve el arbitraje.

Esto se debe a que "una vez que estas separaciones sean definitivas, los daños devienen irreversibles: pérdida de la cobertura sanitaria subvencionada por el empleador durante la gestación, la recuperación posparto y el tratamiento médico activo; extinción de los derechos de licencia limitados; pérdida del capital no consolidado; y desencadenamiento de consecuencias migratorias".

La cobertura periodística en torno a la incorporación de la mujer al mercado laboral goza del respaldo financiero de Pivotal Ventures.

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