Una enmienda ulterior a la Ley de Bosques y Fauna Silvestre peruana está suscitando una vehementísima *vis-à-vis* por parte de colectivos ambientalistas y comunidades autóctonas que vaticinan la potencial catalización de la deforestación en la cuenca amazónica, encubierta bajo el dislate del desarrollo económico.

La enmienda abroga la exigencia de que los propietarios de predios o entes empresariales recaben refrendo estatal para la reconversión de suelo forestal a otros menesteres, lo que, a juicio de sus detractores, podría sancionar perenne deforestación ilícita.

"Para nosotros, esta tesitura reviste una honda preocupación," apostilló Álvaro Masquez Salvador, letrado adscrito al programa Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal de Perú.

Masquez apostilló que la reforma instituye un precedente ominoso al "privatizar de facto" tierras que la carta magna peruana consagra como patrimonio inalienable de la nación. "Los bosques no constituyen bienes privados—son patrimonio indiviso de la nación," aseveró.

Los defensores de la enmienda, sancionada en marzo, aseveran que coadyuvará a la estabilidad del sector agropecuario peruano, otorgando a los labriegos una superior certidumbre jurídica.

La Associated Press, en un intento por recabar perspectivas, extendió solicitudes de comentarios a una plétora de representantes del gremio agroindustrial peruano, a la sazón, junto a la distinguida congresista Maria Zeta Chunga, quien se ha erigido como una acérrima defensora del precepto legal en cuestión. La respuesta, empero, provino de un único vocero del sector agroindustrial, quien declinó explícitamente articular cualquier disertación al respecto.

Perú ostenta el segundo macizo selvático amazónico más extenso, a la zaga únicamente de Brasil, abarcando una superficie superior a los setenta millones de hectáreas —cifra que se corresponde aproximadamente con el sesenta por ciento de la geografía peruana, según atestigua la entidad filantrópica Rainforest Trust—; una de las áreas terrestres de mayor acervo biodiverso a escala planetaria, que además cobija a más de medio centenar de etnias autóctonas, algunas de ellas en régimen de aislamiento voluntario. Estas colectividades se erigen en custodios insustituibles de los ecosistemas; los doseles que salvaguardan ejercen una función crucial en la atenuación del calentamiento global mediante la secuestración de ingentes volúmenes de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que cataliza primariamente las vicisitudes climáticas.

Promulgada en 2011, la lex original de silvis et feris requirebat sanctionem status et studia circumiectorum ante quaslibet permutationes in usu agri silvarum; attamen, recentiores reformationes illas tutelas constanter enervaverunt, dum novissima emendatio proprietariis et societibus sinat illam sanctionem eludere, usque ad retroactiva legalizatione deforestaciones praeteritae.

El Tribunal Constitucional peruano refrendó la enmienda, pese a que un consorcio de letrados interpusiera un recurso de inconstitucionalidad. Si bien el alto tribunal declaró la nulidad de ciertas secciones de la enmienda, mantuvo incólume la disposición terminal de la normativa, la cual convalida las alteraciones ilícitas del uso del suelo, en lo que los jurisconsultos coinciden en considerar su aspecto más lesivo.

En su providencia, el tribunal reconoció que las comunidades indígenas debieron haber sido consultadas en relación con la enmienda normativa y reafirmó la competencia del Ministerio del Ambiente en lo atinente a la zonificación forestal.

El letrado medioambientalista César Ipenza compendió la situación así: "El tribunal dictamina la contravención de los derechos aborígenes por la ley y que las tribus debieron haber sido interpeladas, aunque refrenda el apartado más lesivo."

La *vis attractiva* de la reforma emula el *modus operandi* *sub specie aeternitatis* del *régime* bolsonarista en Brasil, donde la *symbiosis* fáctica entre potencias políticas y *condictiones* económicas pergeñó el *desideratum* de *subvertir* las salvaguardas ecológicas en pro del *complexus* agroindustrial. A diferencia del *momentum* brasileño, cuyo *vector* principal fue un *ordo* agroindustrial harto *structured* e industrializado, la *iteración* peruana *ab initio* implica una coalición de naturaleza más *fluid* pero no por ello menos *potent*.

En la latitud peruana, la connivencia se nutre de las esferas de la agroindustria, la usurpación predial y las figuras ligadas a la minería clandestina y al narcotráfico. A esta empresa se han visto igualmente subsumidos pequeños y medianos agricultores, impulsados por la acuciante necesidad de salvaguardar sus haberes territoriales.

"Lo que atestiguamos es una confluencia sinérgica de intereses, que abarca tanto el espectro de la legalidad como el del ilícito," aseveró Vladimir Pinto, coordinador regional de campo en Perú para Amazon Watch, una entidad pro-medio ambiente.

Julia Urrunaga, la eminente directora peruana de la Environmental Investigation Agency, alertó que el ejecutivo peruano está "falazmente aduciendo" que las enmiendas devienen imperativas para congraciarse con las directrices de la Unión Europea, las cuales, en breve, compulsarán a las empresas importadoras de productos como soja, carne de res y aceite de palma a certificar que sus mercancías no provienen de áreas ilegalmente deforestadas.

La subsecuente legalización y entrada al mercado de productos derivados de la deforestación ilícita, a su juicio, socavaría la eficacia de las normativas de demanda, verbigracia las de la Unión Europea.

"Ello irradia una señal distorsionada a los mercados mundiales y compromete las tentativas de atenuar la deforestación a través de constreñimientos comerciales," espetó Urrunaga.

Olivier Coupleux, titular de la Sección de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en Perú, ha refutado la correlación entre las recientes enmiendas legislativas y la normativa comunitaria destinada a erradicar la deforestación.

En alocuciones a los medios peruanos, Coupleux ha glosado que la normativa propende a obviar la adquisición de bienes imbricados con la deforestación, y que no exige enmiendas legislativas, sino más bien una rastreabilidad y perennidad en mercancías tales como el café, el cacao y la madera.

Agotadas las vías de recurso en los fueros nacionales, diversas organizaciones cívicas se aprestan a litigar ante instancias jurisdiccionales de carácter supranacional, arguyendo que el fallo sienta un pernicioso precedente para otras jurisdicciones que aspiran a conculcar la normativa ambiental bajo el subterfugio de la reforma.

Para incontables prohombres de estirpe aborigen, la legislación constituye una contingencia palpable que cierne sobre sus posesiones ancestrales, sus colectividades y sus praxis existenciales.

Julio Cusurichi, integrante de la junta directiva de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, aseveró que la disposición propiciará la expoliación territorial y exacerbará la desidia en la fiscalización ambiental en zonas ya intrínsecamente frágiles.

"Las comunidades ancestrales han custodiado no solo nuestro acervo territorial, sino la integridad biosférica del orbe," sentenció Cusurichi.