Una nueva ley en Perú sobre los bosques y animales está causando mucha preocupación a los grupos que defienden el medio ambiente y a las comunidades indígenas, porque creen que podría aumentar la tala de árboles en el Amazonas, usando como excusa el progreso económico.

Este cambio elimina la necesidad de que los dueños de la tierra o las empresas pidan permiso al gobierno antes de usar la tierra con bosques para otras cosas. Las personas que no están de acuerdo dicen que esto podría hacer legal la tala de árboles que se ha hecho de forma ilegal por muchos años.

"Para nosotros, esto es muy preocupante", dijo Alvaro Masquez Salvador, un abogado del programa Pueblos Indígenas en el Instituto de Defensa Legal de Perú.

Masquez dijo que la reforma es un problema porque "privatiza" tierras que la constitución de Perú llama patrimonio nacional. "Los bosques no son propiedad privada, son de la nación", dijo.

Los que apoyan la ley, publicada en marzo, creen que ayudará a que la agricultura en Perú sea más estable y dará a los agricultores más seguridad legal.

La agencia Associated Press pidió la opinión a varias personas de la agricultura y la industria de Perú, y también a la congresista Maria Zeta Chunga, quien apoya mucho la ley. Solo una persona de este grupo contestó, diciendo que no quería decir nada.

Perú tiene la segunda mayor selva amazónica, con más de 70 millones de hectáreas, casi el 60% del país. Esta área es muy rica en vida y hogar de más de 50 grupos de indígenas, algunos que viven aislados. Estas comunidades son importantes para proteger la selva, que ayuda a controlar el clima del mundo absorbiendo dióxido de carbono.

La ley de bosques de 2011 pedía permiso del estado y estudios ambientales para cambiar el uso de la tierra forestal. Pero los cambios recientes han hecho esas reglas menos estrictas. La última reforma permite a los dueños de tierras y empresas evitar ese permiso e incluso hace legal la deforestación que ya ocurrió.

El Tribunal Constitucional de Perú aprobó el cambio después de que unos abogados pusieran una queja. Aunque el tribunal eliminó algunas partes, mantuvo la parte final de la ley, que permite cambios ilegales en el uso del suelo. Los expertos en leyes piensan que esta es la parte más peligrosa.

En su decisión, el tribunal dijo que se debería haber consultado a las comunidades indígenas sobre los cambios a la ley y confirmó el papel del Ministerio del Ambiente en la división de las zonas forestales.

El abogado ambientalista César Ipenza lo dijo de esta manera: "El tribunal acepta que la ley no respetó los derechos de los indígenas y que se tendría que haber preguntado a las tribus, pero aunque sea así, sigue apoyando la parte que hace más daño."

La idea de esta reforma es parecida a lo que pasó en Brasil con el expresidente Bolsonaro. Allí, grupos políticos y económicos se juntaron para hacer las leyes ambientales menos fuertes y favorecer a la agricultura y la industria. En Brasil, un grupo muy organizado de empresas del campo fue el que más impulsó esto. En Perú, la presión viene de una unión de grupos menos formal, pero que también es muy fuerte.

En Perú, el apoyo viene de grandes empresas agrícolas, personas que ocupan tierras ilegalmente y gente relacionada con la minería ilegal y el narcotráfico. Los agricultores pequeños y medianos, que quieren proteger sus tierras, también se han unido a este esfuerzo.

Según Vladimir Pinto de Amazon Watch, "Estamos viendo que los intereses legales y los ilegales se juntan".

Julia Urrunaga, que dirige la Environmental Investigation Agency en Perú, dijo que el gobierno peruano está diciendo algo que no es verdad. Según ella, el gobierno dice que necesita hacer cambios para seguir las reglas de la Unión Europea. Estas reglas pronto pedirán a las empresas que traen productos como soja, carne y aceite de palma que demuestren que estos productos no vienen de lugares donde se ha cortado árboles de forma ilegal.

Según él, si se permite vender legalmente productos que vienen de la deforestación ilegal, las leyes que intentan controlar la compra de estos productos, como las de la UE, no serán tan efectivas.

Esto envía un mensaje negativo a los mercados internacionales y dificulta los esfuerzos para reducir la deforestación con límites al comercio, dijo Urrunaga.

Olivier Coupleux, que es el jefe de la Sección Económica y Comercial de la UE en Perú, ha dicho que los cambios recientes en la ley no tienen que ver con la norma de la UE para parar la deforestación.

En entrevistas en Perú, Coupleux ha dicho que la ley busca que no se compren productos relacionados con la tala de árboles.

Como no tienen más opciones legales en su propio país, varios grupos ciudadanos van a presentar el caso ante tribunales internacionales.

Según muchos líderes indígenas, esta ley podría causar problemas graves para sus tierras, comunidades y tradiciones.

Julio Cusurichi, que trabaja con una organización que ayuda a los pueblos de la selva peruana, cree que esta decisión hará que la gente ocupe tierras de forma ilegal y que sea más difícil proteger el medio ambiente en lugares que ya tienen problemas.

Cusurichi dijo que sus comunidades siempre han defendido sus tierras y también la Tierra.